El fiscal estrecha el cerco sobre Medio Ambiente por el caso de la balsa Jenny

Un agricultor labra con su tractor a los pies de la corta minera Los Blancos I./J. M. Rodríguez / AGM
Un agricultor labra con su tractor a los pies de la corta minera Los Blancos I. / J. M. Rodríguez / AGM

Reclama a la Consejería el plan de control sobre el sellado de la corta Los Blancos, en la que se depositaron los residuos, y que identifique a los responsables políticos

RICARDO FERNÁNDEZ y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El cerco sobre antiguos altos responsables de la Consejería de Medio Ambiente por la gestión de los residuos de la balsa Jenny, así como los controles -o la falta de ellos- que se ejercieron cuando fueron trasladados a la corta minera de Los Blancos, se sigue estrechando de forma irremisible. No en vano, a instancias de la Fiscalía de Área de Cartaegna, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de esta localidad, Emilia Ros, acordó el jueves requerir a la Consejería «el plan de actuación y vigilancia del trabajo de sellado de la corta Los Blancos, que recogió los residuos de la balsa Jenny».

Además, lo cual es especialmente significativo, reclama que como máximo en 20 días se proceda a identificar a las «personas responsables en la Consejería de Medio Ambiente, (departamento de) Calidad Ambiental, de esas actuaciones, de su seguimiento y de informar de su cumplimiento», y todo ello para determinar «si hay conexión con esta causa (la de la balsa Jenny) o debe abrirse otras diferente».

El escrito del Ministerio Público, que está suscrito por el fiscal David Campayo, responde así a la petición de la juez Ros de que se pronuncie sobre la competencia territorial de este asunto, «ya que podría extenderse más allá de Cartagena y trasladarse a Murcia», según reconoce la propia Fiscalía. Y ello en virtud de que el núcleo de algunos de los hechos delictivos investigados podría encontrarse en el mencionado organismo de la Comunidad Autónoma, con sede en la capital de la Región. En esta línea es en la que apuntó el abogado Diego de Ramón, quien ejerce como acusación particular en el proceso (también acaba de personarse como tal Ecologistas en Acción) y que ya en octubre reclamó la citación como imputado del exconsejero Antonio Cerdá. Esta petición se hizo a resultas de un informe de la Fiscalía General de Medio Ambiente, que establecía que el departamento que dirigía Cerdá fue el «promotor y órgano sustantivo del proyecto» de traslado de los desechos de la balsa Jenny a la corta Los Blancos I.

La juez se ha dirigido ya a la Comunidad Autónoma tras detectar la Fiscalía indicios de una responsabilidad penal La ausación quiere aclarar el riesgo para la salud de los vecinos y dice que llegaron restos mineros a la laguna marmenorense

De esta decisión se acabaron derivando supuestamente unos altísimos riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente, debido presuntamente a la dejación de la Administración regional o su supuesta connivencia con la compañía minera Portmán Golf en la gestión de los residuos tóxicos. Pese a la peligrosidad de esos desechos, el vertedero no se impermeabilizó y los estériles estuvieron a la intemperie, sin cubrir, una década, hasta que en 2015 se acometieron esos trabajos.

Con la vulneración de toda la normativa legal sobre ese tipo de depósitos, que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente era responsable de hacer cumplir, según la Fiscalía, «se ha generado un riesgo muy alto (peligrosidad muy alta y severidad alta) de afección de espacios protegidos de la Red Natura 2000, concretamente Lugares de Interés Comunitario (LIC) cercanos a la corta Espacios abiertos e Islas del Mar Menor y Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila, por la erosión eólica del material contaminado superficial».

Pero es que si ya de por sí son alarmantes las consideraciones que los expertos y la Fiscalía efectuaron hace unos meses sobre tales posibles riesgos para el medio ambiente, mucho más lo eran en lo relativo a los cerca de 700 vecinos que residen en una localidad del Campo de Cartagena situada a los pies de ese vertedero de estériles mineros. «Ha existido un riesgo alto (peligrosidad muy alta y severidad media/alta) de afección sobre la población de Estrecho de San Ginés».

Residuos hasta el Mar Menor

En este último documento presentado por la Fiscalía de Cartagena al juzgado instructor, el representante de la acusación pública deja constancia de que «la posible responsabilidad penal de la Administración autonómica -que detalla que a priori consistiría en una posible prevariación omisiva por parte de responsables de la Comunidad Autónoma-, derivaría del hecho de no haber adoptado las medidas de vigilancia y control en la ejecución del sellado y de la corta Los Blancos, encomendado a Portmán Golf, y no haber advertido, debiendo hacerlo, que no se hizo correctamente y se crearon correntías contaminadoras del medio ambiente, que finalmente perjudicaron gravemente a los terrenos de alrededor, llegando incluso los residuos a la laguna del Mar Menor».

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