El fiscal acusa a Cerdá de montar un «paripé» para encubrir que los agricultores tenían 'carta blanca'

Antonio Cerdá. /LV
Antonio Cerdá. / LV

Reclama a la juez que rectifique su decisión de despiezar la causa sobre la contaminación del Mar Menor, en la que «todos colaboraron, todos sumaron»

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La causa sobre la contaminación del Mar Menor, el denominado 'caso Topillo', no puede entenderse si no es como un todo, como un único delito contra el medio ambiente, que solo es posible explicar mediante «la suma de acciones y omisiones de todos los sujetos activos referidos en la denuncia (Confederación Hidrográfica del Segura, Consejería de Agricultura y agricultores); todos colaboran, todos suman, ya sea por acción o por omisión, para que se produzca la consumación del delito».

Así es, textualmente, como el fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, Miguel de Mata, defiende en su recurso que no está justificada la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, de trocear en 26 causas diferentes las diligencias sobre la degradación de la laguna costera: una para la Consejería, otra para la CHS y 24 para otros tantos agricultores y explotaciones agrarias que presuntamente vertieron a pozos y ramblas unos nitratos y salmueras que acabaron llegando al Mar Menor.

El fiscal alerta de que acometer tal troceamiento podría provocar que la actuación individual de cada uno de estos agricultores, que presuntamente instalaron desalobradoras ilegales en sus tierras, no sea contemplada como delito. Y ello porque podría llegarse a la conclusión de que, analizado uno por uno, el vertido realizado no alcance la entidad suficiente como para afectar gravemente a ese espacio natural.

No ve justificado que se paralice la causa durante seis meses y pide que se cite ya a los denunciados

Las consecuencias de ese modo de proceder serían «desastrosas» para la investigación judicial, pues se obviaría que nos encontramos «ante un supuesto de causalidad acumulada o acumulativa, en la que hay un resultado unitario -la degradación del Mar Menor y del acuífero Cuaternario- que es consecuencia de muchos resultados individuales, activos y omisivos».

La contaminación casi irreversible de la laguna es, en suma, la conclusión «de una pluralidad de acciones individuales, cuya suma es la que da sentido al delito». De manera que, aunque pueda ser cierto que no existía un concierto o acuerdo previo entre todos los agricultores que presuntamente incurrieron en acciones ilegales, «sí había un conocimiento tanto de la situación de contaminación del medio al que iban a parar sus vertidos como de la actividad contaminante de los demás».

Y todo ello, además, en el contexto de una aparente dejación absoluta de las administraciones con responsabilidades sobre esa actividad, que se habrían dedicado a transmitir el mensaje de que «a los agricultores no se les tocase con ninguna decisión que les pudiese perjudicar (y hay prueba documental de ello, incluso en prensa)».

«Una directriz general»

A la cabeza de esa aparente inacción consensuada y «de lo que parece una directriz general» se encontraría el ya exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, que se habría preocupado de que no salieran adelante los planes de gestión del Mar Menor. De esa forma, aunque en varias ocasiones se inició la tramitación de esos documentos, «ninguno prosperó», lo que lleva al fiscal a considerar que «esos comienzos son simplemente un 'paripé' de cara a tratar de justificar que se están moviendo para regular algo que no les interesa».

El representante del Ministerio Público descalifica en particular la consideración que la juez Marín hace sobre la orden dictada por el entonces consejero Antonio Cerdá, en junio de 2003, para reiniciar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor. En concreto, le reprocha a la instructora que tome esa orden como ejemplo de que la Consejería quería proteger la laguna, cuando en su propio juzgado -dentro del 'caso Novo Carthago'- se está investigando si esa misma resolución encubre una actuación presuntamente prevaricadora de Cerdá. De hecho, recuerda el fiscal a la juez, «la tesis de fondo -de las diligencias sobre 'Novo Carthago'- es que esa orden de reinicio venía precisamente a entorpecer la aprobación definitiva del PORN, pues retrotraía los trámites y retrasaba la aprobación definitiva, que parece que es de lo que se trataba».

Por último, la Fiscalía también reclama a la magistrada que rectifique en su decisión de pedir un informe a la Abogacía del Estado, pues depende de la Administración del Estado y a su vez la CHS depende de ésta, dándose incluso la posible circunstancia de que el Estado puede acabar siendo declarado responsable civil subsidiario. Tampoco ve justificado que se hayan reclamado informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

A ello se suma que la juez Marín advirtió, en su resolución, que no iba a practicar diligencias hasta que tales informes estuvieran en su poder, que es algo con lo que el Ministerio Público discrepa abiertamente. Así, afirma el fiscal que «sorprende» tal decisión de paralizar la causa durante seis meses y reclama que se cite a declarar a los denunciados.

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