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EFE
Viernes, 12 de enero 2018, 19:41
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La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) han lamentado hoy que la oposición en la Asamblea Regional enmiende el proyecto de ley de medidas de sostenibilidad del Mar Menor para "culpabilizar" solo a la agricultura.
En un comunicado, han criticado que las 13 enmiendas que se debatirán el próximo lunes en la Cámara autonómica no contemplan la acción de todos los sectores implicados en la actividad de la laguna salada y su entorno y suponen un "perjuicio" a la productividad agrícola y a los empleos en el Campo de Cartagena.
Fecoam y Coag han señalado que en las últimas semanas han tenido reuniones con el PSOE, Podemos y Ciudadanos, la última de ellas hoy, para que modifiquen algunas de las enmiendas, entre ellas, la de ampliar a las tres zonas de influencia las medidas del área más cercana a la laguna, que son las más restrictivas.
Han advertido de que obligar a los agricultores a destinar el 5 % de cada parcela a sistemas de retención de escorrentías supone realizar una "inversión astronómica".
Para Fecoam y Coag, señalar al sector agrario como "único culpable" de la situación de la laguna es olvidar que también tienen consecuencias ambientales la navegación marítima, el incremento de la industria en el entorno, el crecimiento demográfico y las actividades relacionadas con el turismo y ocio o la actividad inmobiliaria.
Por ello, han abogado por una ley integral elaborada con "más rigor y unas miras más amplias", que proteja al mar Menor implicando a todos los sectores productivos presentes en la zona, al tiempo que han reclamado que no se aprueben las enmiendas "apresuradamente", sino que haya un debate "más extenso" contando con todos los afectados por la norma.
Finalmente, han remarcado que "no se ha demostrado con certeza que las medidas y enmiendas del real decreto ley supongan un beneficio para el mar Menor", pero sí son un perjuicio para un sector tan importante en la economía de la zona y de la región de Murcia como el agrícola, ya que de entrar en vigor habría "un descenso en la productividad y un impacto en los empleos".
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