Dos expresidentes y 15 directivos de Adif testifican por el fraude del AVE

Antonio González Marín y Enrique Verdeguer/
Antonio González Marín y Enrique Verdeguer

La juez del 'caso César' busca aclarar las razones por las que no se detectó o atajó una presunta malversación millonaria en la línea a la Región

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Si no es la presunta malversación más cuantiosa de cuantas se han descubierto en las obras de la alta velocidad en España sí es, al menos, la que mayores quebraderos de cabeza viene ocasionando a quienes en la última década han ocupado puestos de máxima responsabilidad en Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). El 'caso César', que trata de esclarecer cómo se produjo y quién sacó tajada de la presunta malversación de fondos públicos por un importe que rondaría los 70 millones de las obras del AVE a Murcia, no solo mantiene imputados a una larga nómina de antiguos directivos de Adif, entre ellos al expresidente Gonzalo Ferre, sino que además acaba de sumar en calidad de testigos a una veintena de exdirectivos y altos responsables de ese ente estatal, del Ministerio de Fomento y de la Abogacía del Estado. Aunque todos ellos están libres de imputación penal alguna por estos hechos, no es plato de buen gusto tener que pasar por un juzgado de Murcia para declarar sobre ese asunto, como ya han tenido que hacer, entre otros, los expresidentes de Adif Antonio González Marín y Enrique Verdeguer Puig. El primero estuvo al frente de esta sociedad pública entre los años 2005 y 2012, mientras el segundo ocupó el mayor cargo de representación de Adif a lo largo de todo el año 2012.

Ambos fueron citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, el pasado 19 de diciembre, según la documentación a la que ha tenido acceso 'La Verdad'.

El resto de quienes han comparecido como testigos por parte de Adif son el director general de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat; el jefe de los Servicios Jurídicos, Javier Moya Lambarri; la secretaria del Consejo y del Comité, Alicia Portas Martínez; el director de Compras y Contratación, Jesús María Campo Campo; el director de Tesorería y Contabilidad, Manuel Martínez Cepeda; el director de Contratación, Félix Ángel Casas Pérez; la directora general adjunta de Compras y Contratación, Paloma Echeverría de Rada; el director de Calidad, Seguridad y Supervisión, Alberto Reguero Martínez; el director de Control de Gestión y Sistemas, Jesús Vázquez Atienza; el director general del departamento Económico-Financiero, Ricardo Bolufer Nieto; el director del Servicio Económico-Financiero, Manuel Valera Bellido; el jefe del Gabinete de Supervisión de Proyectos, José Javier Navarro Ugena; y el director del Gabinete Técnico, Ignacio Vázquez Escudero.

Otro expresidente, Gonzalo Ferre, permanece imputado desde hace meses en esta causa

A ellos se suman los abogados del Estado José Balbuena Jiménez y Elena Veleiro Couto; el gerente de la UTE que está construyendo el tramo de la alta velocidad entre Orihuela y Colada de la Buena Vida, José Adolfo Bascuñana Sánchez.

Por distintas razones, aunque también habían sido citados para testificar, se aplazó la comparecencia del redactor de este último proyecto y del correspondiente al tramo Colada-Murcia, Carlos Hernández Morejón; de la inspectora general de la Subdirección General de Inspección de Servicio de Obra del Ministerio de Fomento, María Ángeles Yáñez Hernández, y del director adjunto a la Asesoría Jurídica de Adif, Antonio Manuel Castro Jiménez.

Dos vías de investigación

Las diligencias del 'caso César' se orientan hacia dos vías diferentes: el esclarecimiento de la trama delictiva que permitió malversar presuntamente decenas de millones de euros del tramo de alta velocidad entre Orihuela y Murcia y, de otro lado, los fallos de control y hasta la aparente desidia, e incluso la inacción, que llevaron a Adif a no detectar o, en el peor de los casos, a echar tierra supuestamente sobre ese presunto desvío masivo de fondos públicos. En esta segunda línea de investigación es en la que están imputados una decena de antiguos altos responsables de Adif, entre ellos el expresidente Gonzalo Ferre y el ex director general Antonio Gutiérrez Blanco.

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