El exjefe de la Policía Local de Caravaca dice ser víctima de una «gran persecución»

El sargento José Antonio Caro, en el banquillo./J. Carrión / AGM
El sargento José Antonio Caro, en el banquillo. / J. Carrión / AGM

El sargento, acusado de anular 39 multas de familiares y amigos, lo niega y sostiene que alguien usó sus claves

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

El exjefe de la Policía Local de Caravaca de la Cruz José Antonio Caro aseguró ayer ser víctima de una «gran persecución» por parte de la cúpula del Ayuntamiento. El sargento, que se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de anular de forma supuestamente ilegal hasta 39 multas de tráfico, negó rotundamente haber eliminado esas sanciones para favorecerse a sí mismo, a sus familiares y amigos. «Yo no lo he hecho», recalcó.

Caro sugirió, asimismo, ante el tribunal, que alguien debió emplear su contraseña y sus claves para acceder al sistema que empleaba el cuerpo y anular las sanciones. No ofreció, sin embargo, ninguna pista sobre, a su entender, quién pudo haber realizado esa maniobra. «Yo no puedo decirlo», aseguró enigmático, «pero con el tiempo todo se sabe».

La Fiscalía, tal y como ya adelantó 'La Verdad', solicita que se le imponga al sargento una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación, del que también lo acusa el Ayuntamiento y el PSOE, personados en el procedimiento. El Ministerio Público exige, asimismo, que se le obligue a indemnizar al Consistorio en los 3.490 euros que dejó de ingresar con esas multas supuestamente anuladas.

«Querían quitarnos de en medio», recalca. «Me dijeron que me cortarían la cabeza» Solo unas pocas personas tenían permitido el acceso al sistema para borrar sanciones

Una contraseña secreta

La Audiencia inició ayer la primera de una serie de vistas con las que el tribunal tratará de esclarecer si el sargento Caro anuló esas 39 multas que los controladores de la ORA y los agentes de la Policía Local le habían impuesto a su coche, a los de varios de sus familiares y a algunos amigos. Tal y como explica el Ministerio Público, la anulación de esas sanciones no pasó desapercibida a partir de marzo de 2013 tras la implantación de un nuevo programa informático para la gestión de las multas en Caravaca.

El sargento sostuvo, ante los jueces, que él no tenía competencias en la gestión de las multas, más allá de su responsabilidad sobre el equipo que tramitaba las sanciones; y que apenas empleaba el citado sistema informático. En el transcurso de su declaración aseguró que fue el informático del Ayuntamiento el que, tras el despliegue del programa, le facilitó su número de usuario y contraseña. La primera, explicó, se correspondía con sus iniciales, como era habitual en el consistorio; la segunda con su rango, por lo que, remarcó, era bastante fácil de averiguar. «Posiblemente algunos sabrían mi contraseña», remarcó.

De esta forma, el acusado negó que él accediese al sistema para borrar de plano esas sanciones, pese a que en esas anulaciones se empleó su contraseña y a que estas beneficiaban a gente de su entorno. «Me enteré por el periódico», espetó. El sargento no ofreció ninguna pista sobre quién podría haber suplantado su identidad, pero sí sobre las que, a su entender, eran sus supuestas intenciones. «Había una persecución muy grande de los jefes de la Policía por parte del Ayuntamiento», remarcó. «Me dijeron que me cortarían la cabeza».

La versión del sargento chocó en algunos puntos con los datos que el informático municipal ofreció durante su declaración. Este profesional explicó que no fue él quien le dio su contraseña al mando de la Policía Local, sino que fue él mismo quien la eligió. Además, a preguntas de la fiscal, aseguró que solo unas pocas personas -él mismo, el sargento Caro y no pudo precisar si también una tercera persona- tenían permitido el acceso al sistema para la anulación de multas.

El letrado José Antonio García, que se encarga de la defensa del exjefe de la Policía Local caravaqueña, aseguró que «la clave de mi cliente era usada sin su consentimiento para anular expedientes». En este sentido, aseguró que, pese a que aparecieron 628 expedientes anulados en el consistorio, solo se investigó los que afectaban a personas del entorno del sargento. Reclamó al tribunal un análisis de esos documentos para estudiar si también en estos casos figuraba la contraseña del sargento. Una petición que el tribunal no aceptó al entender que difícilmente se podría aclarar si la contraseña, en ese caso, la usó él u otra persona.

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