Exculpan al sargento Caro de quitarse las multas por ser ilegales las pruebas

José Antonio Caro./J. F. R.
José Antonio Caro. / J. F. R.

La Audiencia afirma que los datos que originaron la causa se obtuvieron de forma ilegítima y apunta a una «trama» para «derribar al jefe de Policía»

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Limpio de polvo y paja. Así ha salido el antiguo jefe de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, el sargento José Antonio Caro, del procedimiento judicial en el que estaba acusado de haber anulado ilegalmente un total de 39 sanciones de tráfico que le afectaban personalmente, por haberles sido impuestas a él mismo, a sus familiares y a sus amigos, y por lo que se le pidieron penas de hasta cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha absuelto al funcionario municipal al considerar que los datos originales, que sirvieron a dos concejales del PSOE caravaqueño para presentar una denuncia por estos hechos, fueron obtenidos «de forma irregular de los archivos municipales, al margen de cualquier procedimiento legal y vulnerando el derecho a la intimidad del acusado, al tomar conocimiento de unos expedientes reservados cuya fiscalización dependía de la necesaria autorización».

Fue el letrado José Antonio García Sánchez, defensor del sargento, quien en las cuestiones previas al arranque del juicio planteó que toda la prueba de cargo obtenida contra su cliente era nula, al considerar que los primeros datos tuvieron un origen ilegal y que, consecuentemente, todo lo que se deducía de ellos no tenía la menor validez. De esta forma, García Sánchez esgrimía la conocida doctrina de «los frutos del árbol envenenado», que establece la nulidad de todo el material probatorio obtenido a raíz de una prueba ilegal.

El tribunal de la Audiencia Provincial, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Álvaro Castaño, acepta íntegramente los argumentos del abogado defensor. Recuerda que la denuncia que dio origen a las diligencias penales la presentaron los ediles socialistas Alfonso Sánchez Marín y Fernando Romera López, que dijeron haber recibido en la sede de la Casa del Pueblo un documento anónimo, en el que se referían las denuncias que el sargento Caro se había quitado a sí mismo, a sus familiares y a sus amigos. «Aún dando por cierto que tuviesen conocimiento de la forma que dicen, lo que el tribunal no cree, lo cierto es que la información solo pudo llegarles tras salir ilegalmente de los archivos municipales, circunstancia que por lo demás no podían ignorar, por su obviedad». Y es que explican que esos datos, cuya confidencialidad está protegida por la ley, solo podían obtenerse mediante consentimiento del interesado o por resolución judicial.

Pero es que, además, los magistrados han llegado a la convicción de que «no se trató de una información que les fuera facilitada a los denunciantes de forma anónima, sin que su actuación discurriera por los senderos de la buena fe con el propósito de materializar el ideal de justicia». Así, señalan que lo visto en el juicio es lícito albergar «sospechas de que desde dentro del Ayuntamiento se pudo orquestar una trama para derribar la jefatura de la Policía Local o, al menos, al sargento aquí acusado». Una suposición que consideran que se consolida por el hecho de que «alguien, desde el interior de la Corporación y con acceso a la base de datos de las sanciones de la Policía Local filtrara la información objeto de la denuncia».

El tribunal afirma que la conexión entre esos datos ilícitamente obtenidos y el resto de la prueba es evidente, por lo que la anula y absuelve de todos los cargos al sargento.

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