El exacalde de Cieza se niega a reconocer los cargos y los tilda de «una persecución política»

Tamayo, a su llegada ayer al Palacio de Justicia./G. Carrión / AGM
Tamayo, a su llegada ayer al Palacio de Justicia. / G. Carrión / AGM

Tamayo no se presta a cerrar un acuerdo con la Fiscalía, que pide para él tres años y medio de cárcel por presunta corrupción urbanística

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Antonio Tamayo está dispuesto a tratar de defender su inocencia. El exalcalde de Cieza, del PP, se niega a reconocer la acusación por presunta corrupción urbanística que pesa sobre él y por la que afronta una petición de pena de tres años y medio de cárcel, una multa de 11.250 euros e inhabilitación de cinco años para desempeñar un cargo o empleo público.

El exrregidor acudió ayer a la Audiencia Provincial para testar la posibilidad de que alcanzase un acuerdo con la Fiscalía que rebajase su posible condena y evitase la celebración del juicio. Tal y como ya avanzó a 'La Verdad', sin embargo, Tamayo se negó a aceptar ese pacto con el Ministerio Público porque sostiene que los cargos que se le imputan son falsos y los achaca a «una persecución política». Ante esta decisión, el tribunal deberá fijar una fecha para que el exalcalde ciezano sea juzgado.

El denominado 'caso Benís' de presunta corrupción urbanística sentará en el banquillo, junto al antiguo regidor popular, al secretario municipal, Bartolomé Buendía; al arquitecto municipal, Juan Buitrago, y al promotor Renán Teresa. Todos ellos están acusados de falsificar los planos de un expediente urbanístico, con el aparente fin de ocultar que unos terrenos pertenecientes a una hermana de la entonces edil de Urbanismo, Concepción Marín, habían sido incluidos en 2004 en una recalificación para construir un resort de 5.287 viviendas, campo de golf de 18 hoyos y un hotel de 340 habitaciones.

Los hechos comenzaron a descubrirse a principios de 2005, cuando los concejales de la oposición comenzaron a escuchar rumores de que unas «lengüetas» de tierra pertenecientes a la hermana de la concejal de Urbanismo habían sido incluidas en el plan parcial Golf Benís, por lo que comenzaron a solicitar formalmente al Ayuntamiento diversa información.

El fiscal sostiene que, en ese momento, para evitar el escándalo, los acusados habrían procedido «a extraer del expediente urbanístico el plano» relativo a esa zona.

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