«Ya no espero que aparezca, quiero que encuentren su cuerpo para poder llorarle»

Cuando una persona desaparece, sus palabras y su rostro vuelven incesantemente a la cabeza de la persona que lo vio por última vez. De repente, la cara de esa persona se convierte en una obsesión para familiares y amigos.

El año pasado 587 personas fueron localizadas en España sanas y salvas, según la asociación SOS Desaparecidos, fundada en Caravaca de la Cruz. De ellas, 156 eran menores de edad y 102 mayores de 70 años. La entidad sin ánimo de lucro indica en su balance de 2017 que 144 fueron hallados sin vida y a 106 aún se les busca. En su archivo figuran 11 personas, cuatro menores de edad, cuya alerta continúa activa tras desaparecer en la Región. Entre ellos, se encuentra Juan Pedro Martínez, conocido como 'el niño de Somosierra', desaparecido en julio de 1987 a la edad de 10 años cuando viajaba junto a sus padres en un camión cargado de ácido sulfúrico

Entre los casos más recientes está el de José Ignacio Nuño, de 46 años, que desapareció en la playa del Alamillo en el Puerto de Mazarrón cuando salió a practicar windsurf el 8 de diciembre de 2012.

«Después de cinco años ya no espero ni que aparezca vivo, me serviría con que apareciera su cuerpo para por lo menos llorarle en un sitio y poder explicarle a mi hija lo que le pasó realmente», indica su mujer, María José Sánchez. En la búsqueda se implicaron decenas de efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, que peinaron la costa y los fondos en busca de alguna pista, pero no encontraron ni rastro del windsurfista, ni de la tabla ni de la vela. «En la orilla encontramos las llaves de casa, media Coca-Cola y su paquete de tabaco. Ahí se pierde su pista. Yo estaba convencida que estaría en alguna cala atrapado por el oleaje y esperando ser rescatado, pero conforme pasaban los días la agonía se hacía mayor», relata María José.

El caso sigue abierto y la Guardia Civil mantiene la alerta de búsqueda tal y como hacen con todos los casos. «Nunca cerramos una investigación porque no sabemos cuándo y dónde puede aparecer una pista. Ha habido casos que diez años después una persona que figura en nuestro archivo usa de nuevo su documentación, su móvil o su tarjeta de crédito. Siempre mantenemos la esperanza de poder localizar a esa persona», afirma el teniente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia que prefiere mantener el anonimato.

El caso de José Ignacio es una las 237 denuncias por desaparición en la Región que figuran en la base de datos que comparten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De todas ellas, más de la mitad son fugas voluntarias, personas que deciden libremente abandonar su lugar de residencia y a su familia. «La semana pasada se denunció la desaparición de una mujer y a los dos días dimos con ella en el piso de su pareja sentimental. No dijo nada porque tenía problemas familiares», relata el teniente.

A la denuncia por desaparición de una persona le sigue un proceso inicial de cribado donde se determina el nivel de riesgo del caso. Por un lado está el de riesgo limitado que se aplica a casos de desapariciones de personas reincidentes y que en muchos casos se localizan «en los mismos sitios». El otro nivel, el de riesgo alto, se da en situaciones donde hay implicados menores, personas mayores, enfermos o quienes necesitan un medicamento. «Ellos son nuestra prioridad y los trámites se aceleran ya que el tiempo juega en nuestra contra». En este sentido, el teniente recomienda no hacer caso al mito de que se debe esperar 48 horas como mínimo para denunciar una desaparición. «De hecho, si esa persona puede tener algún riesgo que ponga en peligro su vida, se debe avisar lo antes posible para poder establecer un dispositivo de búsqueda inmediato porque cada segundo cuenta», recomienda el miembro del instituto armado.