Esperan unas 250 demandas por cláusulas suelo cada mes

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, presentando ayer los datos de la memoria del organismo. / Javier Carrión / AGM

Del Riquelme asegura que se analizará la evolución de estos casos y que podrían especializarse otros órganos en Cartagena y Lorca

ALICIA NEGRE y J. M. CAMAREROMurcia

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Murcia comenzó a funcionar ayer como el órgano regional especializado en litigios contra las cláusulas suelo de las hipotecas. La decisión del Ministerio de confiar a este único órgano, ubicado en la capital murciana, la resolución de estos asuntos ha levantado no pocas ampollas entre algunos colectivos, desde los sindicatos a los abogados.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, trató de salir ayer al paso de esta polémica y se mostró convencido de que «ha habido un mal entendimiento». Remarcó que este es un primer paso y que, en un futuro, de acuerdo a la evolución que presenten estos procedimientos, podrían crearse órganos similares también en los partidos de Cartagena y Lorca.

El TSJ teme que en los próximos meses se produzca una «entrada masiva» de este tipo de litigios. El reparto de estos casos por los 54 juzgados de Primera Instancia de la Región, subrayó el presidente, habría generado «un riesgo de infestación» de todos los órganos, la mayoría de ellos sobrepasados ya por una elevada carga de trabajo. De esta manera, remarcó Pasqual del Riquelme, se permite que estos órganos continúen con su actividad habitual. Consideró además «inviable» reforzar todos los órganos que atienden estos asuntos.

La Abogacía recurre ante el Supremo la creación de estos juzgados porque «agravan el problema»

Entre el 3 de abril y el 30 de mayo los juzgados murcianos ingresaron 233 asuntos relacionados con las cláusulas suelo. Pasqual del Riquelme calcula que se pueden registrar unos 250 casos mensuales y aseguró que la cifra anual puede rondar los 1.250, aunque esta es aún imprevisible y podría ser aún mayor. Cada viernes el TSJ analizará el número de casos que entran y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo hará quincenalmente para plantear posibles alternativas.

La resolución de los problemas derivados de la aplicación de las cláusulas suelo dio un nuevo paso hacia adelante ayer con la habilitación de los 54 tribunales repartidos por toda España, uno en Murcia, que tramitarán las reclamaciones judiciales de los afectados por la limitación de los tipos de interés hipotecarios. Sin embargo, son muchas las trabas que aún quedan por resolver y, sobre todo, demasiados los medios materiales y humanos necesarios para que estas salas puedan funcionar a pleno rendimiento y evitar otro colapso, si llegan las más de 200.000 demandas previstas por las organizaciones de usuarios.

La medida llega cinco meses después de que el Gobierno aprobara el mecanismo extrajudicial de reclamación, por el que los clientes bancarios podían solicitar a sus entidades la devolución de las cantidades cobradas de más en sus préstamos por la aplicación de los suelos. Pero se da la circunstancia de que, salvo entidades muy concretas, los reintegros no se han generalizado. Es más, son muchas las trabas que aún ponen las entidades para aceptar el abono correspondiente a sus hipotecados.

El Consejo General de la Abogacía Española anunció ayer que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del CGPJ de crear estos 54 juzgados. La Abogacía considera que «el acuerdo del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales» al tratarse de «una medida que agrava el problema que trata de solucionar». Advierte de que «muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo».

Por otra parte, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y Comisiones Obreras firmaron ayer un convenio para informar a los afiliados al sindicato afectados por este tipo de cláusulas. Ambas organizaciones entienden que la comisión de seguimiento aprobada recientemente por el Consejo de Ministros es «una quimera vacía que no repara los abusos de los bancos».

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