España pierde otro arbitraje internacional por el recorte en las primas a las renovables

Imagen de archivo de la planta solar fotovoltaica de Totana. /S. M. Lario/ AGM
Imagen de archivo de la planta solar fotovoltaica de Totana. / S. M. Lario/ AGM

Anpier insiste en reclamar a Rajoy una solución que «restaure el daño causado al sector fotovoltaico»

LA VERDAD

Murcia. España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte de las primas a las energías renovables, el cual le condena a pagar otra millonaria indemnización a una compañía extranjera que invirtió en base a una rentabilidad que luego se vio frustrada por el cambio normativo y con carácter retroactivo aprobado por el Gobierno central en 2013.

En este caso, el laudo procede del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia), y obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

La compañía denunciante es Novenergía, un inversor institucional con domicilio en Luxemburgo que posee siete instalaciones en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña

El laudo condena al Gobierno central a indemnizar con 53 millones a una compañía de Luxemburgo que posee varias plantas en Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cataluña

Este laudo se suma al que dictó en mayo pasado el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, ya que cabe recurso por la vía judicial, aunque aún no ha tomado una decisión, según fuentes de ese departamento.

Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Anpier señaló que «el escenario es desolador, puesto que estos son tan solo los dos primeros laudos de una treintena que faltan por resolver».

A juicio de la asociación de productores de energía fotovoltaica que preside el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, «la reforma que elaboró el ministro Soria miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos de la energía, y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano».

A ello habría que añadir, recalca Martínez-Aroca, «las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan un marco regulatorio legalmente insostenible, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles, y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado».

El presidente de Anpier subraya que el quebranto sufrido por estas 62.000 familias «es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales».

«Un sistema injusto»

Anpier recuerda que los productores fotovoltaicos han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exige el pago íntegro de la financiación.

Por ello reclama a Mariano Rajoy «que escuche al sector y trate de articular una solución consensuada, que sea definitiva y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas fotovoltaicas que sufren un sistema profundamente injusto», y que no pueden recurrir, como las compañías extranjeras, al arbitraje internacional.

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto esta desigualdad, ya que, «el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre los inversores españoles, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional».

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