Las empresas públicas tendrán un código ético para prevenir casos de corrupción

La desaladora de Escombreras será una de las sociedades afectadas. /Antonio Gil / AGM
La desaladora de Escombreras será una de las sociedades afectadas. / Antonio Gil / AGM

El programa irá destinado a los directivos, empleados e incluso proveedores de las sociedades dependientes de la Comunidad

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJOMurcia

El Gobierno regional pretende mejorar el control de la gestión del entramado del sector público dependiente de la Comunidad Autónoma, para lo que aplicará una serie de medidas con el fin de prevenir no solo negligencias, sino también irregularidades e incluso casos de corrupción.

La intención es introducir en el sector público las prácticas de cumplimiento normativo, en boga en el sector empresarial privado a raíz de la inclusión hace dos años en el Código Penal de las posibles responsabilidades penales en que puedan incurrir las personas jurídicas.

Las medidas previstas figuran en el Plan de Gobierno Abierto elaborado por la Consejería de Transparencia y Participación, y entre ellas figura la aplicación de un código de conducta destinado no solo a los directivos de las empresas públicas, sino también a los empleados e incluso a los proveedores.

Entre las medidas que se barajan figuran un régimen disciplinario y la realización de investigaciones periódicas

«El objetivo es que se establezcan medidas de autodiagnóstico en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción, tal y como defiende Transparencia Internacional», señala la consejera Noelia Arroyo, quien añade que «actuamos desde la prevención, porque nunca ha habido problemas en las empresas públicas regionales».

La Comunidad Autónoma ha reducido drásticamente el sector público regional en los últimos años, pero aún conserva numerosas sociedades, entes y organismos autónomos.

El nuevo código de conducta afectaría, por ejemplo, a sociedades como el Instituto de Fomento, Radiotelevisión de la Región de Murcia, la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) y a la desaladora de Escombreras. La Comunidad, además, cuenta con siete fundaciones, como Integra y la que gestiona la Orquesta Sinfónica, y cinco consorcios, entre ellos el del campus de Lorca, el de Marina de Cope y el de las Vías Verdes de la Región.

Las actuaciones en materia de cumplimiento normativo tratan de asegurar que la sociedad se ajusta a toda la legislación y normas que le afectan, las cuales han crecido en complejidad y cantidad en los últimos años.

Entre las medidas que se barajan está el establecimiento de un sistema disciplinario, la realización de auditorías e investigaciones con carácter periódico o cuando las circunstancias lo exijan y la aplicación de un protocolo de reacción ante situaciones irregulares.

Este programa figura en el capítulo que se ocupa del buen gobierno dentro del Plan de Gobierno Abierto, que la Consejería de Transparencia ha sometido a consulta pública y al que ha invitado a participar a 3.800 entidades de la Región.

Este plan se estructura en siete ejes: participación ciudadana, transparencia, datos abiertos, colaboración, buen gobierno, evaluación de políticas públicas, y comunicación y difusión. Dentro del epígrafe sobre buen gobierno, además de las medidas sobre cumplimiento normativa, también figura la aplicación de un código ético a los altos cargos, la creación de un registro de grupos de interés ('lobbies') y la puesta en marcha de buzones para recoger denuncias anónimas sobre corrupción.

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