Casi el 30% de las empresas de instalación contra incendios desaparecerán con la nueva ley

Cerca de 200 empresas están dadas de alta en esta actividad actualmente, de las que la mayoría son micropymes que sufren el grave problema de la competencia desleal y de la piratería industrial.

Ahora, con el nuevo reglamento, los profesionales tendrán que acreditar su cualificación, con el consiguiente certificado oficial, para poder cumplir de esa manera con los estándares de calidad que se establecen en materia de inspección de los equipos, así como en relación a los componentes de instalaciones de protección activa contra incendios. En este sentido, según Carvajal, «la fase de adaptación a la legislación vigente supone una oportunidad para que las firmas del sector se adecúen y trabajen dentro de la economía legal».

Y es que, desde el sector entienden que los cambios, aparte de redundar en la mejora de la calidad del servicio a los clientes, se convertirán en un factor fundamental para, apoyándose en las administraciones públicas, desarrollar la capacidad sancionadora que consiga que si una firma no cumple con lo regulado, desaparezca o se legalice dentro de una economía de libre competencia.

Porque es incuestionable que más allá del proceso de adelgazamiento al que se encamina el sector, «hacía falta un nuevo reglamento, ya que el anterior era de 1993, por lo que estaban sin actualizar los sistemas y protocolos, que deberán someterse a un proceso de mejora continua, así como el desarrollo de los nuevos equipos tecnológicos, que estaban en un limbo legal», indica el máximo representante de las empresas de instalación y mantenimiento contra incendios.

Otra novedad destacada es que las señales y detectores de incendios en todos los edificios deberán renovarse cada diez años, al igual que deberá implantarse la calidad Norma ISO 9001 en todos los sistemas de protección, requisito solo exigido hasta la fecha para los extintores.

Asimismo, los comercios y locales abiertos al público serán inspeccionados obligatoriamente también cada diez años, si ocupan más de 2.000 metros cuadrados, y los de uso administrativo o docente estarán afectados del mismo modo si ocupan esa superficie. Los primeros en revisarse serán los edificios de más de 20 años. Sin duda, un volumen de actividad notable que, en algunos casos, deberá ponerse en marcha antes del 12 de diciembre de este año, como en este último caso de los inmuebles que cumplen dos decenios.

De ahí que las pymes murcianas del sector estén obligadas a realizar un sobresfuerzo en recursos humanos, técnicos y económicos para poder afrontar la tareas, al igual que en cuanto a los requisitos exigidos para la mayor protección y seguridad. «Estos condicionamientos para la adecuación de los servicios en materia de diseño, instalación, mantenimiento e inspección de los equipos, conlleva unos costes financieros y unas exigencias de personal a las que algunos no podrán hacer frente», hace hincapié Carvajal.

No obstante, «estoy convencido de que esta nueva etapa nos fortalecerá como sector a la larga, ya que habrá integraciones de empresas y se prevé que aumente el empleo en un 10% sobre los 2.000 trabajadores que se contabilizan ahora», añade.