El Ejecutivo de Castilla-La Mancha dice que Murcia tiene «una deuda» con la región vecina

La consejera afirmó que a Castilla-La Mancha «no le interesa el dinero del Trasvase», porque «recibe tres millones de euros y solo lo que se está invirtiendo en los municipios ribereños son 65 millones. Por lo tanto, no compensa». El problema, a juicio de Agustina García Élez, es que en la zona del Levante y Murcia «solo quieren pagar el agua cuando la están utilizando y las reglas del juego no son así». Esta postura es diametralmente opuesta a la que están manteniendo las organizaciones agrarias murcianas Coag y UPA, ya que ambas reprochan que se tenga que pagar por el Trasvase cuando no corre agua por el mismo. La consejera también arremetió contra la campaña del Sindicato Central de Regantes (Scrats) y su eslogan: 'El agua que nos une'. García Élez afirmó que más bien debería decir «el agua que se va».

«El agua se marcha por una tubería generando riqueza en unos sitios y dejando de generarla en otras», dijo. Y añadió que «hay proyectos empresariales que pueden desarrollarse y, sin embargo, tienen dificultades por el trasvase de agua». Puso como ejemplo el parque temático Puy du Fou. «Aquí también se necesita ese agua».

El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia hacer otro tipo de campaña para contrarrestar la del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. «Se levantará la voz siempre que haya un ataque a los intereses de esta región».

El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP en Murcia, Jesús Cano, respondió que «el enfrentamiento entre territorios no soluciona el problema de falta de agua», pero recordó que el Tajo «vierte cada año al mar en su desembocadura 8.800 hectómetros cúbicos de agua». Explicó que «la ley de los planes de cuenca establece como límite de mantenimiento de su caudal ecológico 2.700 hectómetros. Por lo tanto, sobran 6.100, que pueden llegar a las regiones y municipios afectados por la sequía y mantener vivo el trasvase».