La Verdad

Aumentan los tributos sobre alcohol y tabaco e incluyen ya los refrescos azucarados

  • Hacienda también limita el pago en efectivo a solo 1.000 euros para combatir la economía sumergida

El Gobierno ya tiene perfilado el potente paquete de medidas que aprobará en el próximo Consejo de Ministros para cumplir con la senda de estabilidad pactada con Bruselas. Es decir, el famoso ajuste de al menos 5.500 millones para reducir el déficit al 3,1% en 2017. Las iniciativas que acompañarán al techo de gasto pueden dividirse en dos ámbitos: cambios impositivos para aumentar la recaudación y acciones de lucha contra el fraude. El impacto en las arcas públicas oscilará entre los 6.000 y 8.000 millones.

Entre las iniciativas del primer grupo se encuentra la eliminación de deducciones en el Impuesto de Sociedades con un impacto recaudatorio de 4.500 millones, según fuentes del Ejecutivo, que también advierten que solo afectarán a grandes compañías y no a las pymes. Con esta medida Hacienda pretende acercar el tipo nominal (25%) al efectivo. Y es que los grupos consolidados -multinacionales- apenas tributaron un 7,3% de sus beneficios en 2014 (último dato disponible).

Precisamente, el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos contempla modificaciones en esta figura para «tapar los agujeros» sin subir los tipos. Hay que tener en cuenta que Sociedades es el único de los grandes impuestos que todavía no ha recuperado el nivel precrisis (en 2015 todavía ingresó menos de la mitad que en 2007).

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda vuelve a elegir este impuesto para cargar con el grueso del ajuste después de que hace unos meses también aprobara endurecer el adelanto del pago fraccionado para recaudar otros 8.300 millones y frenar el desplome de ingresos registrado al inicio del año. Una medida que ha mostrado su eficacia en octubre al convertir una caída de recursos del 25% en septiembre a una ganancia del 1,1% un mes después.

Pero el Gobierno también llevará a cabo cambios en los tributos especiales, como ya había adelantado el ministro Cristóbal Montoro.

En concreto, se elevará el gravamen al alcohol, pero sólo a las bebidas de alta graduación como, por ejemplo, el whisky, el brandy y la ginebra. De esta forma Hacienda excluye elevar los impuestos al vino y a la cerveza, dos sectores estratégicos para España por su importante peso en el sistema productivo. De hecho, esta industria, que representa el 4% del PIB, ya advirtió del impacto en el empleo y en la actividad económica que tendría una mayor presión fiscal.

Asimismo, se creará una tasa específica para las bebidas azucaradas, cuyo impacto recaudatorio fuentes del Ejecutivo cifran en torno a 100 millones de euros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 20% de gravamen, pero no llegará a tanto de momento.

También habrá un alza sobre el tabaco, aunque desde el departamento que dirige Montoro alegan que se debe al cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de octubre de 2015, que declaró contrario a la libre competencia un aspecto de este tributo. Ayer mismo, Philip Morris International (PMI), la mayor tabacalera del mundo y propietaria de marcas como 'Marlboro' o 'L&M', anunció que no descarta dejar de vender cigarrillos tradicionales al contar con una alternativa al método convencional de consumo de tabaco, denominada iQOS, que resulta «menos nociva para los fumadores».

El Impuesto de Hidrocarburos (que supone más de la mitad de la recaudación de los tributos especiales) no sufrirá modificaciones en un momento en el que el alza del petróleo ya implicará un encarecimiento de los combustibles.

IVA en tiempo real

La otra pata del paquete de medidas que el Ejecutivo enviará a Bruselas tiene que ver con intentar atajar la economía sumergida. Iniciativas con las que espera aflorar unos 1.000 millones de euros. En este sentido, Hacienda prevé limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros. Esto supone reducir en más de la mitad los 2.500 euros actuales que habían sido fijados en la anterior legislatura. Este tope opera siempre y cuando una de las partes sea un profesional o una empresa. La legislación actual contempla que la cifra puede ampliarse hasta los 15.000 euros en el caso de que el pagador sea un particular no residente en España. En caso de exceder el límite, la sanción alcanza el 25% del valor de la operación para ambas partes.

La reducción a los 1.000 euros fue aplaudida ayer por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) al considerar que dificultará el fraude fiscal. También la federación de autónomos ATA consideró positiva la iniciativa, al redundar en el «beneficio de todos». Sin embargo, la Unión de Contribuyentes criticó la medida al denunciar que perjudicará a los colectivos más débiles como «familias de bajos ingresos, autónomos y micropymes».

Otra de las medidas tiene que ver con la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), una aplicación informática para controlar en tiempo real la facturación de las grandes empresas y, con ello, el IVA. A falta de conocer los detalles, afectará a unos 62.000 contribuyentes, que deberán remitir electrónicamente todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos). También se eliminarán topes en las cotizaciones a la Seguridad Social para los salarios más altos, como anunció Rajoy la semana pasada en el Senado. Espera recaudar unos 700 millones anuales por esta medida, que acompañará también a un aumento futuro de las pensiones para los que coticen por encima del límite actual.

El Ministerio anunció ayer un plan de transformación de la Administración para el período 2017-2019, que implicará un ahorro de 900 millones el próximo año. Incluye el uso de nuevas tecnologías y racionalización de las estructuras del sector público.