Duro varapalo del juez a la UCAM por su querella a funcionarios de Cultura

José Luis Mendoza./Guillermo Carrión / AGM
José Luis Mendoza. / Guillermo Carrión / AGM

El magistrado no admite a trámite la denuncia y califica el relato de «increíble, endeble, insostenible y artificial»

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

A la UCAM le ha salido por la culata el tiro que, en forma de querella, dirigió contra la Consejería de Cultura. Y es que el juez a quien ha correspondido el análisis de la denuncia, David Castillejos, acaba de dictar un auto por el que no solo rechaza abrir diligencias, sino que descalifica el relato de la Fundación Universitaria San Antonio al tildar de «increíble, endeble e insostenible» y acabar señalando, a modo de conclusión, que todo ello «demuestra la creación puramente artificial de la querella».

La institución docente que preside José Luis Mendoza acudió a la justicia el pasado junio y acusó de prevaricación continuada a la ex directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento, como supuestos responsables de una serie de decisiones administrativas, adoptadas en los últimos años en relación con el campus, que consideraba «irregulares, maliciosas, inexplicables desde la buena fe y apartadas de cualquier apariencia de legalidad».

La querella relataba el recorrido administrativo seguido por el plan especial que permitió edificar el campus de la UCAM, hasta que en mayo de 2009 la Consejería de Cultura, de manera inopinada y sorpresiva, dictó una resolución por la que se declaraba la caducidad del expediente.

El auto recuerda que fue la propia institución docente la que derribó El Corralazo, que resultó clave para que la Consejería tomara medidas

En diciembre de 2015, tras el derribo o derrumbe -como lo denomina la UCAM- de un bien catalogado conocido como El Corralazo, la Dirección General de Bienes Culturales abrió un expediente sancionador y, entre las medidas cautelares, ordenó la suspensión inmediata de las autorizaciones para construir, «lo que suponía la pérdida del derecho a edificar en 134.801 metros cuadrados» del recinto. La institución cifraba en 15 millones el perjuicio sufrido por la pérdida del derecho a edificar, así como por el lucro cesante derivado de no poder acoger más alumnos, por lo que reclamaba que se impusiera a los seis querellados una fianza mínima por esa cuantía.

Lejos de ello, el magistrado Castillejos no solo ha rechazado abrir diligencias, sino que además ha descalificado duramente la querella, ya que afirma que el relato «no se sostiene». En concreto, advierte de que «no resulta verosímil esa conjura de tan extensa duración en el tiempo (...), pues se está diciendo que entre los años 2007 y los siguientes se ideó un plan criminal prevaricador entre muchos funcionarios, que habría de culminar en 2017 con la negativa municipal a conceder las licencias para el terreno donde se iban a construir la zona deportiva y el aulario».

«Es decir -resume el juez-, diez años de paciente plan; algo increíble».

Pero lo que más llama la atención del magistrado en este «endeble relato» es que una de las actuaciones claves de todo este proceso «y que provoca gran daño a la Fundación», el derribo de El Corralazo, lo causa la propia institución querellante. De forma que se pregunta «cómo sabían los funcionarios que se iba a derribar El Corralazo y así poder suspender la actividad edificatoria (...). Si no se hubiera derribado El Corralazo no habrían existido las medidas cautelares».

De ahí que concluya que ese plan denunciado por la propia UCAM sea «insostenible y demuestre la creación puramente artificial de la querella».

La resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en el plazo de tres días y, también, ante la Audiencia Provincial.

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