La deuda pública murciana se multiplica por once desde 2006 y alcanza el 29% del PIB

La Región es la quinta comunidad con mayor endeudamiento del país, aunque Cataluña se lleva la palma con un 'agujero' de 75.000 millones

EFEMURCIA

Murcia ha multiplicado por más de 11 su deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto (PIB), al pasar del 2,6% del PIB en 2006 al 29,1% en 2016. Así, la Región de Murcia es la quinta comunidad con mayor deuda de España en relación al PIB, según el informe de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), gestionada por la Governance and Economics Research Network de la Universidad de Vigo, presentado ayer.

Rifde señala que el impacto de la reciente crisis económica supuso un fuerte crecimiento del endeudamiento de las autonomías, aunque también del Gobierno central, hasta el punto de que algunos territorios han disparado su deuda. En términos absolutos, Cataluña es la comunidad con mayor endeudamiento, unos 75.000 millones de euros, dos terceras partes contraídos con el Estado a través de los fondos de financiación adicionales como el FLA o el de Facilidad Financiera. Según el informe, estos fondos adicionales, establecidos por el Gobierno cuando, en plena crisis económica, algunas comunidades dejaron de poder financiarse en los mercados, deberían ser eliminados «en breve plazo» o, en su defecto, clarificados e individualizados, pero no mantenidos con carácter general e indefinido.

El informe recomienda eliminar «en breve plazo» fondos adicionales del Estado como el FLA

Soluciones

Entre las medidas que aconseja fijar este informe están objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad, reestructurar la deuda autonómica -aunque sin quitas- y crear nuevos fondos de reserva. Para avanzar en el camino de la sostenibilidad presupuestaria de las comunidades, el estudio aconseja modificar los procedimientos para definir los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, con una coordinación preferiblemente a través del Senado y, de no ser así, del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes. También plantean los expertos una asignación diferenciada entre cada comunidad de los objetivos de déficit y deuda para considerar situaciones de partida muy diferentes y poder definir sendas de consolidación fiscal acordes a la realidad con transparencia y criterios racionales.

El estudio incide, asimismo, en la gestión del endeudamiento acumulado por las comunidades en los últimos años, en particular el contraído con el Estado a través de los mecanismos extraordinarios y adicionales de financiación. Según el informe, hay «un amplio consenso» sobre la necesidad de reestructurar la deuda autonómica, incluyendo plazos, carencias e intereses, sin que ello implique quitas ni condonaciones. Al mismo tiempo, el informe aconseja automatizar algunas de las medidas preventivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

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