Deuda permanente revisable

Para llegar a un acuerdo y satisfacer a todas las comunidades, Montoro estudia convertir en perpetua parte de la deuda con el Estado de las autonomías. Mientras no haya solución, el Gobierno regional debería actuar con cautela

ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER

Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado, resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera, la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública murciana. Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas, Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar incluso en el seno de las distintas formaciones políticas. Montoro, que conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación, aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región. Una solución que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías. Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección diferente.

Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica. Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y alcanza ya los 1,14 billones de euros. El pasado año marcó un récord tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá en un serio problema para todos los contribuyentes.

Algo habrá que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro (aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus beneficios. Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este incierto contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos esenciales». Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas.

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