Desarticulada una banda que modificaba la caducidad de conservas

La organización operaba en las provincias de Murcia, Navarra, Valencia, La Rioja y Cantabria

EFEMURCIA

La Guardia Civil, en una operación llevada a cabo en las provincias de Navarra, Valencia, Murcia, La Rioja y Cantabria, ha desarticulado una organización que se dedicaba presuntamente a modificar la fecha de caducidad y reetiquetado de conservas, prolongando las mismas hasta en 10 años.

La investigación, realizada por la Guardia Civil de Navarra, comenzó en mayo de 2016 a raíz de una denuncia presentada a través de su portal en internet en la que se ponía de manifiesto la posible existencia de un fraude alimentario en una empresa, consistente en la modificación de fechas de caducidad y reetiquetado de conservas de pescado, como atún, sardinas o mejillones.

Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, inició una investigación denominada operación "Artichoke" para averiguar el domicilio social de esta empresa y las personas que administraban la misma.

Los agentes averiguaron que había una única persona como administradora de la empresa, a cuyo nombre figuraban ocho sociedades más, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil comprobó la existencia de un entramado consistente en la creación de varias empresas distribuidoras y empresas dedicadas al etiquetado que se facturaban mutuamente.

Las empresas distribuidoras adquirían productos de las conserveras directamente y se abrían en ese momento dos vías de salida para la mercancía.

Por un lado, la conservera etiquetaba los envases con sus respectivas marcas, con lo que posteriormente, si no se había conseguido vender el producto, éste era recuperado a bajo coste y volvía a los distribuidores.

En ese caso, los distribuidores, en la empresa de etiquetado creada para tal fin, volvían a procesar el envase, bien con su propia marca o con la de terceras empresas de la misma propiedad, alargando las fechas de caducidad y nuevamente lo introducían en el mercado.

La segunda opción consistía en que las empresas distribuidoras compraran la mercancía "a granel", con lo cual podían estuchar y etiquetar "a su antojo" con la empresa etiquetadora, explica la Guardia Civil, que destaca que estas prácticas "suponían grandes beneficios sin poner en riesgo ningún capital", aunque pudiendo provocar en los consumidores dolencias como botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas.

Como fruto de la investigación se ha detenido a nueve personas, se han practicado tres registros y se han incautado 3.744 latas de mejillón, 4.500 latas de ventresca, 500 latas de sardinas y 10.000 latas de atún.

Igualmente, se han podido constatar la existencia de más de 500 transferencias internacionales a paraísos fiscales como Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá o Emiratos Árabes, entre otros, por un montante de 5.666.653 euros.

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