Las demandas de justicia gratuita se desploman más de un 18%

Murcia es la tercera comunidad autónoma en la que más cayó el pasado año la inversión pública en este servicio

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Muchos han visto en sus números otro termómetro capaz de medir la estrechez de los bolsillos de los murcianos y ya lleva un par de años arrojando signos de mejoría. Los abogados de oficio de la Región hicieron frente el pasado año a 39.633 asuntos de justicia gratuita, según la estadística facilitada por el Consejo General de la Abogacía Española. La cifra supone un 18,4% menos -casi 9.000 asuntos- respecto al año 2015, cuando esta justicia 'low cost', último asidero de aquellos que menos tienen, ya vio aligerada su carga de trabajo.

El trabajo de este colectivo, al que pertenecen 3.819 letrados en la Región, alcanzó su nivel máximo en 2009, cuando, solo en el partido judicial de Murcia, se sobrepasaron las 22.000 solicitudes de justicia gratuita. El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, reconoció el pasado año, durante un desayuno informativo para hacer balance de este servicio, que en los últimos tiempos se había producido un pequeño descenso en algunos asuntos ligados a la estrechez económica, como los desahucios o los despidos. Casos que repuntaron en los años más duros de la crisis y que saturaron este servicio público, que se presta en guardias de 24 horas los 365 días del año.

De los 39.633 asuntos tramitados el año pasado, la gran mayoría correspondieron al denominado turno de oficio: 26.099. Este servicio registró una caída en la entrada de casos de un 6,6%. El grueso de los asuntos se gestionó desde el Colegio de Abogados de Murcia (16.047), mientras que su homólogo en Cartagena registró 7.921 y el de Lorca, otros 2.131 casos.

Los abogados de oficio murcianos registraron 39.633 asuntos el pasado año El Consejo denuncia que cada letrado apenas cobra una media de 135 euros por cada expediente

La asistencia letrada, otro de los servicios que incluye la justicia gratuita, generó otros 16.535 asuntos, un 7% menos. El descenso más llamativo se produjo, sin embargo, en el servicio de violencia de género -las víctimas de presuntos malos tratos disponen de un abogado de oficio para impulsar su denuncia-, que pasó de 2.847 asuntos en la Región a 970, un 66% menos.

Según pone de relieve el balance del Consejo, la inversión destinada a la justicia gratuita, en Murcia, alcanzó su pico en 2011, cuando se destinaron 6,3 millones de euros a esta labor. A partir de ese momento, la cuantía destinada por el Ministerio ha ido disminuyendo progresivamente hasta los 5.265.739 euros que se reservaron para este servicio el pasado año, un 6,1% menos que en 2015.

No en vano, Murcia es la tercera comunidad en la que más descendió la inversión, solo por detrás de La Rioja, con un 7,6%; y Extremadura, con un 6,8%. A nivel nacional, según refleja este organismo en la novena edición del informe de su Observatorio sobre la Justicia Gratuita, la inversión aumentó un 5,2%.

Este informe revela, asimismo, que, a nivel nacional, la inversión media por ciudadano en justicia gratuita es de 5,13 euros por año. En Murcia, este cómputo -calculado en base a la población de cada zona- se reduce a 3,59 euros por ciudadano.

El informe también recoge una de las reivindicaciones históricas de la abogacía, que reclama un «pago digno» de este servicio. El Consejo General de la Abogacía Española subraya en su balance, en ese sentido, que los letrados del turno de oficio cobran menos de 135 euros de media por cada expediente que tienen que sacar adelante.

La justicia gratuita es, pese a su amplitud, un servicio al que no todo el mundo puede acceder. Cualquiera puede, en principio, disfrutar de un abogado de oficio, pero, para que este no suponga ningún coste, hay que acreditar que los recursos económicos de la unidad familiar no superan el doble anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); esto es, un salario que ronde los 1.050 euros y 14 pagas.

El servicio también está abierto a trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social sobre litigios relacionados con esa materia. En estos casos, no es necesario acreditar que no se tienen medios. Los extranjeros, por último, también pueden acceder a la justicia gratuita para defenderse ante procedimientos de prohibición de entrada, devolución o expulsión del país.

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