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Viernes, 8 de diciembre 2017, 00:54
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El director de la Unidad, Juan Luis Bañón, defiende la importancia de la labor que se presta desde esta oficina, por el momento única en España. Esta, remarca, prima la atención a los postores, a fin de que estén debidamente informados antes de participar en estas pujas. «Esa información previa a los interesados facilita la participación», remarca.
Bañón explica que, además, el juzgado únicamente cobra, por cada expediente de subasta, 64,66 euros, que es el valor de cada anuncio en el portal del Boletín Oficial del Estado (BOE). La unidad calcula que la celebración de estas subastas por parte de la Administración ha permitido ahorrar, a nivel nacional, 19 millones de euros en dos años, ya que los portales privados suelen cobrar, por sus gestiones, comisiones que oscilan entre el 3% y el 5% del valor de salida del bien.
«Hay que defender la gestión pública de esas subastas, que afectan a personas insolventes o en situación de exclusión social, para obtener el mejor precio posible, pero esto solo es posible con la creación de oficinas especializadas».
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