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Un Picasso de contrabando

Un Picasso de contrabando

Francia requisa 'Cabeza de mujer joven', cuadro que no podía salir de España por orden judicial. La obra del genio malagueño, propiedad de Jaime Botín y tasada en 26,2 millones, tenía como destino final Suiza tras pasar por Córcega

R. C.

Miércoles, 5 de agosto 2015, 01:28

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Ahí estaba ella. Debajo de ese papel marrón claro y del plástico de burbujas, se encontraba una mujer de mirada indiferente y luenga melena negra. Ella, sin nombre. Solo conocida como 'Cabeza de mujer joven' y creada por uno de los genios de la pintura más importantes del siglo XX, estaba en un precioso velero de pabellón británico arribado al puerto de Calvi, en la calurosa Córcega. Allí la encontraron las autoridades aduaneras francesas, un sitio donde no tenía que estar. La obra, propiedad de Jaime Botín y con un valor en el mercado de 26,2 millones, no puede salir de territorio nacional por orden de la Audiencia Nacional. Según las autoridades galas, la obra de Pablo Picasso tenía como destino final Suiza.

Los agentes de aduanas del país vecino habían sido advertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había abierto una investigación el pasado mayo, a petición del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Cuando los efectivos españoles detectaron que la embarcación, de nombre 'Adix', en la que se encontraba el cuadro había partido del puerto de Valencia, pusieron sobre aviso a las fuerzas de seguridad francesas. Cuando éstas procedieron al registro de la nave, encontraron la obra de arte y solicitaron al capitán la documentación pertinente. Éste no solo no pudo acreditar su titularidad, sino que además tenía en su poder una sentencia de la Audiencia Nacional del 26 de marzo de 2015 que prohibía expresamente «la salida del cuadro de España», por estar considerado un «tesoro nacional».

La historia judicial de este Picasso, creado en 1906, tiene una intríngulis particular y se remonta al 5 de diciembre de 2012, cuando el máximo accionista de Bankinter y propietario del cuadro, desde que lo adquiriese en 1977, solicitó permiso al Ejecutivo para llevarlo a Londres y venderlo en una subasta. Ocho días después de ser presentada la petición, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, organismo encargado de salvaguardar el activo patrimonial, decide denegarle a Botín el permiso de exportación como medida cautelar, «por no existir una obra semejante» en España. La Junta consideró la pintura «una de las pocas obras realizadas por Picasso dentro del período de Gósol, etapa en la que se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico». «Los hallazgos llevados a cabo en ese momento influirán decisivamente en el cubismo y en la evolución posterior de la pintura del siglo XX», esgrimía el informe. Además, instó a la Comunidad de Madrid a que iniciase los trámites necesarios para calificar la obra como bien de interés cultural y que pudiera gozar así de toda la protección que otorga la ley de patrimonio histórico a las piezas con ese estatus.

El hermano del fallecido Emilio Botín, no contento con la resolución del Ministerio, pidió que fuese retirada su solicitud de exportación, presumiblemente para evitar la respuesta negativa que ya había recibido. Alegó que la obra no se encontraba en Madrid, sino en un barco atracado en el puerto de Valencia (el 'Adix') y que él no era su verdadero propietario, datos que había aportado él mismo en la solicitud. No obstante, Botín recibió un nuevo no gubernamental. Botín, tras agotar los recursos contencioso-administrativos ante el Ministerio, decidió acudir a la Audiencia Nacional, que acabó fallando a favor del Ministerio y ratificó su decisión de impedir la salida de España del cuadro. Pero el banquero no se rindió e interpuso un nuevo recuso ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de ser admitido a trámite, aunque las medidas cautelares que le prohibían la exportación se mantienen.

No obstante, tras la sentencia favorable del 26 de marzo de 2015, el Ministerio temió que el cuadro pudiera estar siendo expoliado y solicitó a la UCO que lo localizase. Fue entonces cuando la Guardia Civil inició la investigación que finalmente ha dado lugar a su incautación por parte de la Aduana francesa.

La ley de patrimonio histórico, en su artículo cuarto, exige al Estado «la recuperación y protección del bien expoliado», por lo que las autoridades españolas ya se han puesto en contacto con sus homólogas francesas para la repatriación del Picasso. En el caso de que Jaime Botín fuese condenado por tráfico ilícito de bienes -una de las opciones judiciales que se barajan- podría perder el cuadro, pues la ley estipula que, ante tal situación, es el Estado el que decide el futuro de la obra.

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