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El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, sonríe tras presentar la Ley de Propiedad Intelectual en febrero. :: J. Carlos Hidalgo / efe
Más herramientas contra la piratería

Más herramientas contra la piratería

El Congreso aprueba hoy la Ley de Propiedad Intelectual, que persigue toda la red de fraude. Los agregadores de noticias deberán pagar una compensación a los editores por el uso de contenidos protegidos por el derecho de autor

DANIEL ROLDÁN

Martes, 22 de julio 2014, 01:50

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El Gobierno ha puesto la velocidad de crucero en una ley que pretende defender los intereses de unos sectores -el cultural y el editorial- muy castigados por la crisis y la piratería. En apenas cinco meses, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha conseguido que el Consejo de Ministros apruebe la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la remita al Congreso, se debatan las enmiendas totales y llegue antes del parón estival a la Comisión de Cultura, donde hoy se aprobará en una primera fase. Luego, se remitirá al Senado y finalmente volverá a la Cámara baja. El departamento de José Ignacio Wert espera lograr el máximo consenso posible. Para conseguirlo, y dar tiempo a los partidos, prevé introducir cambios -hay 162 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios- tanto en la Comisión como en el Senado a la vuelta del verano.

  • Ventanilla única.

  • Una única sociedad se encargará del pago de los derechos de propiedad intelectual, que deberá unificar las tarifas dependiendo de los colectivos (hostelería, peluquería o locales de ocio). Las entidades de gestión tendrán cinco meses para ponerla en funcionamiento.

  • Copia privada.

  • Se mantiene la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque el Gobierno reconoce que es transitorio.

  • Piratería.

  • La multa puede ascender hasta 300.000 euros.

Una ley que incluye una compensación económica para los editores por el uso por parte de los agregadores de noticias de aquellos contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Una protección «necesaria», a juicio de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que ha insistido durante estos meses en que es «fundamental» reconocer este derecho de los periódicos y revistas. No obstante, la Izquierda Plural y UPyD están en contra de esta compensación, mientras socialistas y convergentes piden que se amplíe a periodistas y fotógrafos. Esta reparación estará establecida por el Centro Español de Derechos Reprográficos, que deberá fijar, recaudar y repartir entre los editores.

Una vez aprobada la LPI en septiembre u octubre, se abrirá un plazo de tres meses para fijar la compensación. Si no se llega a un acuerdo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) la encargada de fijar la tarifa y abrirá un nuevo plazo de cinco meses para su implantación mediante acuerdo entre las partes.

Responsabilidades

La ley contempla también un reforzamiento del CPI y una ampliación de las responsabilidades en caso de piratería. De esta manera, se perseguirá a los alojadores de servicios y contenidos ilegales y a aquellos usuarios que redirijan o faciliten los enlaces a estas webs con contenido protegido en su autoría.

La norma contempla que los anunciantes y los intermediarios puedan ser multados, requeridos e incluso se podrá solicitar al juez el bloqueo de la web. Las penas irán desde los 30.000 a los 300.000 euros. Unas medidas que intentan frenar una sangría económica para el sector cultural. Según los datos del Observatorio de la Piratería, el 84% de todos los contenidos consumidos en la red son piratas, lo que representó una pérdida de más de 16.000 millones en 2013, seis puntos más que en el ejercicio anterior. «La piratería ha frustrado la creación de 26.000 empleos en solo un año y ha impedido que el Estado ingrese 526 millones», recordó Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, durante la presentación del informe sobre la situación de la legislación en esta materia en diversos países del mundo, donde Corea del Sur y Estados Unidos están a la vanguardia en la defensa de los derechos de autor.

Esta nueva norma, que pretende adecuar la legislación española a dos directivas europeas de 2011 y 2012, también incluye un apartado para el uso de obras protegidas en la enseñanza y la investigación que ha causado bastante controversia entre los partidos de la oposición por entender que es un exceso. La ley que se aprobará hoy pretende que no sea necesaria la aprobación expresa del autor cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de fragmentos, como capítulos de libros o artículos de revistas. La ley indica que la remuneración al autor se deberá tramitar a través de las entidades de gestión. Por otra parte, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la enseñanza, ya que la comunicación pública de fragmentos de obras será gratuita en manuales o libros de texto siempre que los profesores o ponentes ofrezcan un enlace a una página web donde se pueda descargar de forma legal.

Asimismo, se mantiene la copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado a la espera de una directiva para todos los países europeos.

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