CSIF, UGT y CC OO se oponen al modelo de La Rioja

J. G. B. MURCIA

Los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras se oponen sin matices a la «liberalización» del sector que traerá consigo el modelo de La Rioja, consistente en conceder una autorización administrativa restringida a aquellas empresas que deseen abrir una ITV y que cumplan con los parámetros del futuro decreto de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. «Con una autorización restringida, la Comunidad Autónoma no tiene tanto margen de maniobra para supervisar los precios porque todo depende de la competencia», alerta el secretario general de UGT, Antonio Jiménez.

También advierte al consejero Juan Hernández de que «en un régimen liberalizador empeoran las condiciones de los trabajadores, en cambio en el modelo de concesiones, se pueden incluir determinadas condiciones laborales en el pliego». Jiménez defiende que la fórmula «adecuada» es mantener la ITV de Alcantarilla como pública y la explotación por concesión en el resto de estaciones de la Región, tanto en las actuales como en las que empiecen a operar en el futuro. «La Administración debe ser la dueña y responsable del servicio».

Por su parte, el presidente de CSIF, Juan Miguel López Blanco, recuerda que el modelo de concesión «limita la instalación de las ITV en cada circunscripción y pasado un tiempo la estación vuelve a manos de la Administración pública». A su juicio, el modelo de autorización restringida supone que haya instalaciones en la Región «como churros».

López Blanco critica la decisión que ha adoptado la Consejería pasando automáticamente del modelo de concesión al de explotación por autorización en las estaciones de Cartagena, Lorca, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar, Caravaca de la Cruz y Jumilla. «No se ha hecho la prórroga correspondiente y hay unos señores en instalaciones públicas que están obteniendo un beneficio económico».

Finalmente, CC OO denuncia los riesgos para la seguridad vial y los perjuicios para el medio ambiente que trae consigo el régimen de liberalización: «Se reduce el índice de vehículos rechazados en las inspecciones; en Madrid y Castilla-La Mancha se ha pasado del 25% al 8%». También incide en que «este modelo precariza el empleo».

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