La construcción ilegal de una barraca arrastra a tres exediles

José Arce Pallarés, Fernando Berberena y Francisco Porto./LV
José Arce Pallarés, Fernando Berberena y Francisco Porto. / LV
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La juez procesa a Arce, Porto, Berberena y al expresidente de la peña huertana Patricio Barquero por presunto delito urbanístico y por prevaricación, y los deja al borde del banquillo

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Esta fiesta huertana llega arrastrando tras de sí una factura prohibitiva para tres antiguos concejales del PP en el Ayuntamiento de Murcia José Arce Pallarés, Fernando Berberena Loperena, Francisco Porto Oliva, y para el presidente de una peña huertana, Patricio Barquero Marín. Los cuatro acaban de situarse al borde del banquillo de los acusados después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, haya dictado auto de procedimiento abreviado -equiparable al de procesamiento- por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación por la construcción ilegal de una barraca huertana.

Esta resolución pone fin a la investigación que se abrió en 2013 para depurar las posibles responsabilidades penales derivadas de la construcción de un edificio de dos plantas, con más de 450 metros cuadrados de obra, en un terreno de Javalí Nuevo que debía de haber sido destinado a jardín. Las innumerables protestas de algunos vecinos por haberse quedado sin zona verde nunca hallaron respuesta en el Ayuntamiento.

Según la magistrada Azuar, la investigación ha establecido que fue Barquero quien, en octubre de 2009, como presidente que era entonces de la peña huertana Grupo de Coros y Danzas Antigua de la Peña Contraparada, solicitó al Servicio de Patrimonio un terreno en el jardín Diego Manzano para construir una sede. El suelo estaba clasificado como zona verde.

La instructora advierte de que no es justificación que esas prácticas llevaran años cometiéndose: «Una ilegalidad constante no se convierte en legalidad»

El noviembre de ese año, la jefa de Patrimonio, María del Carmen Blanco, acordó la cesión en precario de 818 m2, aunque advirtiendo de que debía «ajustarse inexcusablemente a las directrices establecidas». Previamente, la petición ya había sido examinada por el concejal de Obras y Servicios Comunitarios, José Arce, quien había dado traslado al servicio correspondiente.

Pese a que -siempre según la juez- tanto José Arce como María del Carmen Blanco sabían que no era posible presuntamente permitir esa construcción, como también los ediles Berberena y Porto, la Junta de Gobierno Local acabó aprobando la propuesta de la jefa de Patrimonio.

La construcción de la sede, repartida en dos plantas, no solo se llevó a efecto, sino que además se habría ejecutado con más superficie de la autorizada, careciendo de licencia de obras y, en resumen, «privando a los vecinos del uso y disfrute de una porción de terreno de dominio público».

Ya en 2017, tres años después de que trascendiera que un juzgado había abierto diligencias penales para averiguar en qué circunstancias se levantó la sede de la peña huertana, la Junta de Gobierno Municipal inició un expediente para revocar la cesión de la parcela «por incumplimiento de los requisitos exigidos en la misma». El presupuesto estimado para la demolición del edificio se sitúa en 26.990 euros.

«Una práctica habitual»

La magistrada advierte en su resolución de que «la justificación ofrecida por los investigados de que se trataba de una práctica realizada desde años atrás (peñas huertanas en jardines) no podría, como así informaba el Ministerio Fiscal, convertir una ilegalidad constante en legalidad».

La conclusión a la que llega la instructora es que las diligencias han permitido recabar indicios delictivos suficientes para dictar auto de procedimiento abreviado contra los exconcejales Arce, Berberena y Porto, Barquero y la alta funcionaria Blanco por presuntos delitos urbanístico (contra la ordenación del territorio) y prevaricación.

Esta resolución pone a estos servidores públicos (algunos ya retirados y otros todavía en activo) al borde del banquillo, ya que bastará con que el Ministerio Fiscal o las acusaciones privadas formulen escrito de acusación para conducirlos a juicio.

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