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Miércoles, 27 de junio 2018, 02:10
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El Gobierno regional recibe un toque de atención del Tribunal Constitucional cuando ultima su segundo decreto ley de simplificación administrativa para reducir los trámites de puesta en marcha de empresas y negocios. El Alto Tribunal ha declarado inconstitucional una mínima pero significativa parte del recurso que presentó hace un año el PSOE contra el artículo tercero, dos disposiciones transitorias, así como dos párrafos de la disposición derogatoria de la ley de Medidas Urgentes para la Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la Liberalización y de la Supresión de Cargas Burocráticas. Es la norma conocida como de simplificación administrativa y vigente desde 2016. En concreto, admite que el silencio administrativo, transcurridos seis meses, no se puede considerar favorable al empresario cuando se trata de poner en marcha actividades que exigen autorizaciones ambientales o evaluación de impacto ambiental, así como explotaciones ganaderas grandes, tales como cebaderos de cerdas reproductoras con al menos 250 cabezas o de cerdos con mil.
La ley fue impulsada como decreto del Gobierno regional en abril de 2016, previo acuerdo con la patronal regional Croem. Un mes después la convalidó la Asamblea Regional con el compromiso de convertirla en proyecto de ley. Fue aprobada, finalmente, en noviembre del mismo año con los votos favorables del PP y de Ciudadanos. Inmediatamente, el PSOE tramitó el recurso de inconstitucionalidad por considerar que se hacía una «modificación sustancial del régimen jurídico de protección del medio ambiente», al prescindir de informes legales, ambientales y de salud pública para abrir nuevos negocios.
Joaquín López Pagán, PSOE
Javier Celdrán, Consejero
Sin embargo, el Pleno del Constitucional no considera que el grueso de los artículos impugnados supongan alteraciones de esa naturaleza. También rechaza el argumento de que el procedimiento parlamentario que dio lugar a la norma se desarrollara sin el examen ni el estudio de un informe de carácter técnico o jurídico. El Alto Tribunal considera correcta la iniciativa legislativa y destaca que esta no fue impugnada en su momento en lo referente a la protección medioambiental, pues dio lugar incluso a un proceso parlamentario de convalidación.
Además, en el fallo declara expresamente la constitucionalidad del artículo tercero, apartado 12 de la ley de simplificación administrativa, relativa a la declaración responsable de actividad. Según el tribunal, se ajusta al artículo 70.3 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.
«Para el PSOE, el decreto tenía más motivos de inconstitucionalidad. Estamos en contra del planteamiento que hace el Gobierno regional de que se agilicen los trámites sin tener en cuenta que algunos no puede ir contra el medio ambiente», valoró ayer el vicesecretario del PSRM y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Joaquín López Pagán. Aun así, se mostró «satisfecho» por que el Tribunal Constitucional haya tenido en cuenta el inciso sobre el silencio administrativo.
López Pagán valoró el fallo como algo a tener en cuenta en las próximas decisiones del Gobierno sobre la misma materia y avisó de que su partido será crítico con el segundo decreto-ley con medidas antiburocracia. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lo anunció para este verano. «Lo tienen metido en un cajón y viene de la mano de Croem. Al final creemos que va a ir por caminos parecidos. Damos por bueno este toque de atención, porque no se puede sacrificar el medio ambiente por la rapidez. Nos mantendremos en esta postura si el decreto de simplificación viene rebajando los requisitos medioambientales», advirtió.
El secretario general de los socialistas murcianos y nuevo delegado del Gobierno, Diego Conesa, coincidirá hoy con el presidente de Croem, José María Albarracín, en la Mesa del Diálogo Social, junto a representantes sindicales. La estimación parcial de este recurso añade más tensión a las dañadas relaciones del PSOE y la patronal murciana por el proyecto de llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Los empresarios han amagado con convocar movilizaciones si el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez retrasa la llegada de la alta velocidad a la capital al variar el proyecto previsto por el anterior Ejecutivo del PP.
En cuanto al fallo del Constitucional, el consejero de Empresa, Universidades, Empleo y Medio Ambiente, Javier Celdrán, considera que hay una legitimación al trabajo del Ejecutivo de López Miras. «Ratifica la constitucionalidad de los preceptos impugnados de la norma, con la excepción de un inciso de un artículo. No van a prosperar los empeños del partido socialista por boicotear los esfuerzos del Gobierno regional por avanzar en la simplificación administrativa. Esta es fundamental para crear un clima de libertad económica que facilite la generación de riqueza y empleo en la Región».
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