El Constitucional acaba con el blindaje autonómico de los ríos y frena a García-Page

Crecida del río Ebro a su paso por Zaragoza, el año pasado. / efe
Crecida del río Ebro a su paso por Zaragoza, el año pasado. / efe

El Alto Tribunal anula la ley aragonesa de aguas y ríos que pretendía evitar los trasvases con una reserva exclusiva de 6.550 hm3 del Ebro

Manuel Buitrago
MANUEL BUITRAGO

Las competencias sobre los ríos intercomunitarios y los trasvases vuelven por entero a manos del Estado, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha puesto fin a los blindajes pretendidos por algunos gobiernos autonómicos. El alto tribunal ha tirado para atrás la Ley de Aguas y Ríos de Aragón -que trataba de controlar la gestión y planificación del Ebro- porque invade competencias estatales. Este fallo deja en vía muerta los planes del Gobierno de Castilla-La Mancha de aprobar una ley similar a la aragonesa, en la que se establecía una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro para uso exclusivo de aquella Comunidad. Un objetivo reflejado en el propio Estatuto de Autonomía de Aragón.

El Ejecutivo de Emiliano García-Page intenta aplicar una reserva parecida en la cuenca del Tajo para evitar los trasvases, y equipararse con el Estatuto aragonés en materia de agua.

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió a mediados del año 2015 la ley aragonesa que trataba de ponerle el candado a un hipotético trasvase del Ebro y acudió al Constitucional. Los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana se sumaron a esta iniciativa legal de la ministra Isabel García Tejerina, según una carta que le envió la entonces consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, como publicó 'La Verdad'.

El Gobierno central respondió al de Aragón con la misma moneda: las Cortes aragonesas recurrieron el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura porque invadía supuestamente sus competencias, y el Estado recurrió la ley autonómica de aguas y ríos porque invadía las suyas. El Constitucional le ha dado ahora la razón al Ministerio. La sentencia afecta también a las cesiones de derechos - la compraventa de agua regulada entre cuencas -, que se seguirán realizando frente a los intentos de Aragón de impedirlas.

Desmonta toda la ley

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno central en contra de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, anulando varios preceptos que pretendían otorgar a aquella Comunidad competencia exclusiva en materia de reserva, uso, gestión o cesión de sus recursos hídricos. En concreto, anula la reserva de agua de uso «exclusivo» de los aragoneses y que el Estatuto de Autonomía establece en 6.550 hectómetros. Asimismo, Aragón no podrá conceder los recursos asignados y reservados por la planificación hidrológica. Igualmente, se anula un precepto que permite desarrollar políticas autonómicas de gestión y uso del agua en su territorio, para uso exclusivo de los aragoneses.

El fallo desmonta todo el andamiaje legal aragonés en esta materia. Rechaza los preceptos en los que figura la «exclusividad» del agua aragonesa en cuanto a competencia, uso exclusivo o reserva de agua para el «uso exclusivo» de los aragoneses, así como en lo que se refiere a concesiones y transferencias, es decir, los trasvases. En definitiva, Aragón no podrá realizar la «planificación de la reserva de agua de los aragoneses» y concesiones relativas al uso exclusivo de sus habitantes, ni tampoco transferencias. El fallo anula también numerosas atribuciones del Instituto Aragonés del Agua.

Quejas de Cataluña

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, dijo que su gobierno es leal al Estado: «Acatamos las sentencias, pero desde luego exigimos que esos mismos criterios se apliquen a todos los territorios». Señaló que, desde hace años, en el caso concreto de Cataluña esto lo vienen aplicando. «Lo que no tiene sentido es que lo que acatamos en Aragón no se acate en otros territorios de la cuenca», informa Europa Press.

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