La Consejería siguió dando subvenciones de la UE a las explotaciones infractoras

Dos agentes del Seprona, tomando muestras de los vertidos en septiembre de 2016./Antonio Gil / AGM
Dos agentes del Seprona, tomando muestras de los vertidos en septiembre de 2016. / Antonio Gil / AGM

Apenas se controló el destino del 0,005% de las ayudas y además no hubo sanción alguna por estar realizando vertidos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que dirigía Antonio Cerdá no solo ejerció un control más que deficiente -«prácticamente nulo»- sobre los vertidos procedentes de la agricultura, sino que aquello fue más bien «un descontrol», en palabras del propio fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera. Tanto es así que no solo la actividad sancionadora contra los presuntos infractores fue inexistente, sino que incluso se vieron presuntamente favorecidos en el reparto de subvenciones europeas.

Tal y como expone el Ministerio Público en su denuncia, solo en el año 2007 fueron más de 20.000 los agricultores murcianos que se beneficiaron de ayudas de la UE. Y aunque la legislación europea obliga a establecer una fiscalización sobre el destino de ese dinero, estableciendo controles sobre al menos el 1% de los beneficiarios, solo diez fueron inspeccionados. Un porcentaje prácticamente anecdótico, de solo el 0,005%.

20.000
agricultores se vieron beneficiados en 2007 por fondos de la Política Agraria Común (PAC).
10
inspecciones se hicieron ese año, pese a que la ley obligaba a fiscalizar al menos a 200.

Con todo, lo peor del asunto no está en esa aparente falta de cualquier control. Según las averiguaciones realizadas por la Fiscalía en el año largo que ha estado investigando las causas de la contaminación de la laguna, la Consejería volvió a conceder subvenciones a un grupo de agricultores, pese a encontrarse entre los escasamente fiscalizados y haberse constatado que estaban incumpliendo el Código de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA), el control de condicionalidad y la directiva sobre nitratos.

Sin castigo y con premio

En resumen, que los presuntos responsables directos de la degradación del Mar Menor no recibían sanción alguna y, encima, seguían viéndose beneficiados, año tras año, por las subvenciones derivadas de la Política Agraria Común (PAC).

Siempre según la denuncia del Ministerio Fiscal, de las más de 20.000 ayudas que se otorgaban anualmente, en 2008 solo se fiscalizaron 17 (4 por nitratos), en 2009, 13; en 2010, 15; en 2011, 6 (3 por nitratos); en 2012, 5; en 2013, 34; en 2014, 15, y en 2016, 9 (2 por vertidos de nitratos).

Los supuestos responsables de haber establecido los controles pertinentes para garantizar el buen destino de esos fondos eran el propio consejero Antonio Cerdá; el secretario general de la Consejería, Francisco Moreno; el director general de Industrias y Asociacionismo Agrario, Ginés Vivancos, y el director general para la Política Agraria Común, Joaquín Maestre Albert, lo que explica que haya pedido su imputación.

Al margen de las posibles responsabilidades penales, estas revelaciones de la Fiscalía, según varias fuentes políticas consultadas ayer por 'La Verdad', pueden acabar colocando a la Administración murciana en una posición delicada frente a las autoridades europeas, ya que resulta previsible que acaben pidiendo explicaciones sobre la gestión de las subvenciones de la PAC.

Por lo que se refiere a la presunta inacción de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el fiscal desvela que los distintos planes hidrológicos (Phdhs) redactados desde 1998, en los que ya se alertaba del grave riesgo que los vertidos de nitratos suponían para la laguna, se incumplieron sistemáticamente. Tanto es así que en los sucesivos documentos que se iban aprobando se hacía constar que las medidas del anterior plan se habían cumplido al 0%.

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