La Consejería tendrá que explicar el grado de cumplimiento de la ley de Vivienda

La actuación del Defensor del Pueblo se inicia por un escrito de la PAH en el que alerta de «perjuicios» a las familias afectadas por procesos de desahucio

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Tres son los supuestos incumplimientos de la Consejería de Fomento con la ley de Vivienda que han sido denunciados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante el Defensor del Pueblo. El responsable de esta institución, Francisco Fernández, ha respondido a los activistas que admite «a trámite» su queja y que ya está «iniciada la actuación con la Consejería».

En su escrito de denuncia, la PAH alerta de la «insumisión» del Ejecutivo autonómico para cumplir las medidas que recoge la citada ley para ayudar a las familias afectadas por un proceso de desahucio. En primer lugar, exponen que la norma establecía que en el plazo de tres meses, la Consejería fijase con los ayuntamientos «los mecanismos para garantizar el realojamiento». Sin embargo, la PAH denuncia que «el Gobierno de la Región no ha efectuado propuesta alguna a la Administración local».

En segundo lugar, argumentan que la ley también fijaba un plazo de tres meses para que la Consejería elaborase «los documentos que ponderen los ingresos familiares para la determinación de las situaciones de riesgo residencial». Pero un año y nueve meses después de publicar la ley en el BORM no se han aprobado los coeficientes.

Por último, denuncian que la normativa fijaba un plazo de tres meses para poner en marcha las comisiones de sobreendeudamiento y establecer «los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas» para combatir la pobreza energética. Una vez más, los activistas se quejan de que «el Gobierno de la Región sigue sin cumplir las obligaciones derivadas de la ley» y aseguran que se «está ocasionando graves perjuicios a las familias»

Borrador del reglamento

Desde la Consejería de Fomento respondieron ayer a la PAH que «el Gobierno regional ya viene trabajando con los ayuntamientos para evitar los desahucios». Y pusieron como ejemplo el convenio firmado con la Federación de Municipios de la Región, para promover «la mediación con las entidades de crédito». También recordaron que «le corresponde al Estado en exclusiva dictar las competencias para actuar en materia de pobreza energética para garantizar el suministro a personas en riesgo».

Fomento avanzó que ya «cuenta con un borrador del reglamento de la ley de Vivienda, que próximamente será presentado al Consejo Asesor de Vivienda».

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