La confirmación del trasvase por Tejerina desata la tormenta en Castilla-La Mancha

La ministra de Agricultura admitió que el Gobierno tiene previsto autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Segura a partir del 1 de abril, una vez que se reúna la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y si se superan los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada. «No será en Semana Santa y tendrá que ser siempre como consecuencia de una propuesta de la comisión técnica que se reúne cada 1 de mes», anunció Tejerina en una entrevista concedida a la Cadena Ser. «Se evaluará la situación de los embalses y, si están por encima de 400 hectómetros y lo estima la comisión, se autorizará un nuevo trasvase». La titular de Agricultura explicitó que el Gobierno «cumple la ley» con «transparencia y absoluta objetividad». El último trasvase que se realizó desde los embalses Entrepeñas-Buendía (Tajo) al Segura fue el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

El anuncio desató una cascada de airadas reacciones en contra en Castilla-La Mancha. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puntualizó que «primero está la cuenca cedente y después la receptora», y remarcó que «cualquier persona con sentido común se da cuenta que no se puede ni se debe autorizar un trasvase». El consejero enfatizó que, en su momento, las desaladoras de agua del Levante recibieron recursos, sin embargo, actualmente «no están en funcionamiento pleno».

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales fue más allá y lamentó que el Gobierno de España haya elegido el Día Mundial del Agua para confirmar que habrá nuevo trasvase en abril. A su juicio, se está esperando como los «buitres» a alcanzar los 400 hectómetros cúbicos para transferir. Sáez detalló que los municipios limítrofes a la cabecera han perdido el 30% del desarrollo económico, y estimó en un 13% el regadío de Castilla-La Mancha de toda su explotación agraria, cuando la media nacional está en el 20%, en Murcia en un 40% y en Valencia en el 44%, lo que, a su juicio, «demuestra que no nos están permitiendo un desarrollo equilibrado con el resto en materia agroalimentaria». Por su parte, el Grupo Popular de esa comunidad aseguró que si la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no hubiera elevado la reserva mínima de agua de los 240 hectómetros cúbicos fijados por el gobierno del socialista José Bono a los 400 actuales, ya se habría autorizado el trasvase.

Las alcaldesas de Toledo y de Aranjuez y los municipios ribereños de la cabecera del Tajo también expresaron su rechazo a la inminente aprobación del nuevo trasvase en un comunicado, en el que denunciaron que «iniciar de nuevo un ciclo trasvasista conduce a los pueblos y ciudades del Tajo a ver mermados su patrimonio medioambiental y sus posibilidades de un desarrollo social sostenible».

El secretario regional de CC OO, Paco de la Rosa, quiso dejar claro el «no categórico» de ese sindicato al trasvase Tajo-Segura, que «no solo es una afrenta y desequilibrio permanente» entre ciudadanos de distintas regiones, sino «la muerte literal del río Tajo y el consiguiente deterioro medioambiental».

La satisfacción marcó, por contra, las reacciones en el Levante. El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, instó al Gobierno central a «activar» el trasvase para mitigar la situación de emergencia por falta de agua que padece el campo del sur de la región valenciana. Puig hizo ese llamamiento al Gobierno central durante un acto organizado por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), en Alicante, con motivo del Día Internacional del Agua.

El presidente valenciano calificó de «buena noticia» la situación de los embalses de cabecera del Tajo, de Entrepeñas y Buendía tras las precipitaciones de las últimas semanas, y dijo que su gabinete busca «soluciones estratégicas» para tratar de solucionar «para siempre» la falta de agua. La confirmación del trasvase fue celebrada en Murcia por el Gobierno regional, pero también por el PP y las fuerzas de la oposición, como Ciudadanos. El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP, Jesús Cano, consideró que la medida que «permite salvar las cosechas, la próxima campaña y salva el año hidrológico, junto con las actuaciones complementarias aprobadas por el Gobierno de España».

A juicio del diputado nacional de Ciudadanos Miguel Garaulet, «este anuncio responde al cumplimiento de la legalidad que rige a través de las normas de explotación del acueducto, por lo que lamentamos el automatismo absurdo de los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha, que han vuelto a anunciar que recurrirán la legalidad».

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quiso resaltar que, en materia de agua, se ha hecho «demasiada demagogia y, desde la perspectiva del cambio climático, cada vez será más difícil seguir pivotando el desarrollo de algunas regiones con agua que tiene que venir de otras donde cada vez llueve menos».