El TSJ confirma que los exdueños de Cofrutos deberán pagar 3,4 millones por fraude fiscal

La Sala recuerda que la sentencia que les impuso la Audiencia se cerró por conformidad de las partes y que por esa razón no cabe recurso

LA VERDADMURCIA

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha confirmado la sentencia de conformidad dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, por la que se condenó a cinco expropietarios de Cofrutos SA como autores de un delito contra la Hacienda Pública. Al haberles sido aplicadas las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, las penas se quedaron en el pago de una sanción de 601 euros y en una multa de un cuarto de la cantidad defraudada por cada uno de ellos, así como al pago de una indemnización a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidad civil de 3,4 millones de euros -cada uno, una cantidad distinta- más los intereses. Las esposas de dos de los exsocios de Cofrutos SA también fueron condenadas por los mismos hechos, que fueron cometidos en relación con la venta de esta empresa a un grupo inversor de capital extranjero que estaba interesado en adquirir todas las acciones de la firma por un valor de 14,5 millones de euros (2.425 millones de pesetas de la época).

Según los hechos probados, los condenados idearon enmascarar la venta mediante la utilización de dos sociedades interpuestas, una de ellas radicada en Holanda, para ocultar gran parte del incremento patrimonial que, a efectos del IRPF, obtuvieron los socios por la venta de las acciones. De este modo, lograban disminuir aparentemente el importe de las cuotas que cada uno de ellos tendría que abonar en el ejercicio de 1992.

En sus respectivas declaraciones, siempre según los hechos probados, consignaron datos no ajustados a la realidad en los apartados referidos a los incrementos y disminuciones patrimoniales, haciendo constar los correspondientes a la venta de Cofrutos SA por un valor de 3,4 millones (750 millones de pesetas).

La Sala recuerda que una sentencia de conformidad no es susceptible de recurso y reitera su jurisprudencia relativa al principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, que la conformidad supone una renuncia tácita, anticipada y condicional al recurso, y que hubo consentimiento tanto del acusado como de su defensor.

La posibilidad de recurso, añade el tribunal, está cerrada salvo que la sentencia falle de forma diferente al contenido de conformidad (conformidad alterada), o cuando falte alguno de los presupuestos que la permiten (conformidad aparente). En este caso, «estamos ante una real y oficial conformidad: todos los acusados y sus direcciones técnicas han aceptado de manera voluntaria y expresa la petición penal».

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