«Si se condicionan las ayudas sociales a los presupuestos, ya no son un derecho»

Joan Subirats./J. L. V.
Joan Subirats. / J. L. V.

Joan Subirats. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Juan Luis Vivas
JUAN LUIS VIVAS

Entre las conferencias impartidas en la primera edición de las Jornadas de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura, destaca la ponencia inaugural a cargo de Joan Subirats (Barcelona, 1951), doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Experto en análisis de políticas públicas y en innovación democrática, Subirats ilustró sobre innovación social y transformación de la economía «entre lo público y lo colectivo».

-¿A qué se refiere cuando habla de innovación social en el ámbito de la economía social?

-Hay que tener en cuenta las transformaciones no solo en relación a la crisis, sino también en lo que podemos llamar cambio de época. Nos referimos a los cambios por razones tecnológicas, perspectivas de trabajo y las dificultades que tienen las administraciones públicas para garantizar el mantenimiento de la protección. El concepto de innovación social intenta destacar la importancia de la movilización ciudadana para hacer frente a los problemas colectivos. En el fondo pensamos que los problemas los tienen que resolver las administraciones públicas, algo que también es cierto, pero ¿hasta qué punto puede dar respuesta la sociedad civil?

-¿Las administraciones públicas frenan el desarrollo de la economía social y solidaria?

-Eso se nota, por ejemplo, en los temas de dependencia. Aparentemente existe el derecho de tener acceso a las prestaciones derivadas de la Dependencia, pero las propias administraciones ponen muchas dificultades en el acceso o retrasan el pago de esas ayudas. No se atreven a decir que ya no es un derecho, pero en la práctica lo condicionan a la existencia de fondos presupuestarios. Entonces ya no es derecho, es un prestación graciable. Ahí es donde considero que es importante el protagonismo de las organizaciones cívicas para complementar las dificultades de las administraciones públicas; y ello va acompañado de un cambio en la estructura de poderes, ya que si la gente asume más responsabilidades, será a cambio de que pueda decidir más sobre los problemas.

-¿Cree que hay intereses públicos y privados que ponen obstáculos para que eso no ocurra?

-Nos han hecho creer desde hace muchos años que la única forma de relacionarlos económicamente es la mercantil. Pero históricamente sabemos que eso no ha sido así, ya que ha habido fórmulas comunitarias en muchos espacios: conocemos la resiliencia de la economía cooperativa, sabemos que hay muchas formas de intercambio que son mucho más inclusivas y solidarias que las mercantiles... Hay tendencia a pensar que la economía social es algo periférico, y que la economía de verdad es la de mercado. Eso es algo negativo de cara al futuro, porque las fórmulas que más duran en el tiempo y que más capacidad tienen de mantener su servicio a la gente son las fórmulas de economía social.

-¿Qué retos principales tiene la economía social a corto plazo?

-Por un lado, las administraciones deben entender que reforzar la respuesta social y civil no es negativo para ellas, sino positivo a largo plazo. Por otro lado, las organizaciones cívicas y las entidades sociales no pueden basar únicamente su acción en recibir subvenciones, sino también en actuar de forma autónoma. Antes se podía pensar que solo había dos formas de relacionarnos con la administración pública, influir sobre ella o protestar. Ahora hay otro mecanismo: organizarnos y crear.

-¿La situación social y política en Cataluña incide también en el ámbito de la economía social?

-De momento, creo que no. Otra cosa es si esto se enquista y dura de manera permanente. Entonces, el deterioro de las relaciones sociales va a perjudicar.

Fotos

Vídeos