Condena a tres ex altos cargos regionales por la recalificación ilegal de La Zerrichera

Antonio Alvarado, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Encarna Muñoz, abandonando la sala de vistas el primer día de juicio por La Zerrichera./Guillermo Carrión / AGM
Antonio Alvarado, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Encarna Muñoz, abandonando la sala de vistas el primer día de juicio por La Zerrichera. / Guillermo Carrión / AGM

Alvarado y Sánchez Gelabert son penados por prevaricación y falsedad documental, y Encarna Muñoz, solo por el primer delito

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El 'caso Zerrichera', el primero de una serie de escándalos de supuesta corrupción urbanística por los que se vieron salpicados los sucesivos gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, acaba de significar una condena para tres antiguos responsables de la Consejería de Medio Ambiente que impulsaron la recalificación ilegal de una finca de Águilas para permitir una urbanización. Otros dos ex altos responsables de Urbanismo han resultado absueltos, aunque la Audiencia Provincial deja sentado que la exculpación no se ha debido a la ausencia de elementos incriminatorios, sino a una cuestión formal: de haber sido condenados, sería como cooperadores necesarios en la actuación del entonces consejero Joaquín Bascuñana, pero el hecho de que este no fuera citado a declarar como testigo ha cercenado cualquier posibilidad de castigar penalmente a sus dos subordinados.

Así quedan los encausados

Antonio Alvarado Pérez. Ex director general de Calidad Ambiental: Dos años de cárcel y ocho de inhabilitación
El tribunal le considera responsable de delitos de falsedad documental y de prevaricación como «autor estricto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable (...), desarrollando una intencionada actuación, evitando la intervención de Medio Natural, ordenando a Sánchez Gelabert la confección de la evaluación de repercusiones para que se realizara de forma ilegal y dictando la DIA de forma favorable».
Encarna Muñoz Martínez. Ex directora general de Medio Natural: Cinco años de inhabilitación
El tribunal la castiga por prevaricación, por reabrir ilegalmente y de oficio el expediente sobre La Zerrichera, que llevaba siete meses archivado, y por haber «omitido intencionadamente» la legislación ambiental que estaba obligada a hacer cumplir. «Una expectativa que ha quedado gravemente defraudada».
J. Ignacio Sánchez Gelabert. Ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental: Dos años de prisión y 6 de inhabilitación
La Audiencia le castiga por falsedad documental y prevaricación, por haber asumido de forma ilegal la competencia para evaluar las repercusiones ambientales de la urbanización, por haber suscrito la propia DIA como propuesta y por haber otorgado al documento definitivo su visto bueno.
Manuel Alfonso Guerrero Zamora. Ex director general de Viviendas: Absuelto por una cuestión de forma
La Sala no exculpa a Guerrero Zamora por considerar que su actuación en el ‘caso Zerrichera’ no tiene apariencia delictiva, sino porque estima que, de haber delinquido, lo habría hecho como cooperador necesario del entonces consejero Joaquín Bascuñana. El problema estriba en que Bascuñana no fue llamado a declarar, ni siquiera como testigo, «con lo que la falta de prueba es clamorosa»
José María Ródenas Cañadas. Ex subdirector general de Vivienda: Absuelto por una cuestión de forma
Las mismas consideraciones que hace el tribunal respecto de José María Ródenas Cañadas, quien también elude cualquier posibilidad de ser condenado debido a que el consejero Joaquín Bascuñana no fue citado a comparecer. «Para poder hablar del grado de malicia de los cooperadores necesarios de los 'hombres de atrás' necesitamos el testimonio del ‘hombre de delante’», se lamenta la Sala.

De cualquier modo, y al margen de la trascendencia que quiera darse a las particulares condenas de tres antiguos servidores públicos, el principal interés de la sentencia estriba en que demuestra que desde la Administración regional se cometieron delitos de prevaricación y de falsedad documental para favorecer, en contra de la legislación ambiental y de los intereses generales, las expectativas económicas de un promotor.

Este no era otro que Trinitario Casanova, amigo personal del consejero Bascuñana, quien en 2003 adquirió una gran extensión de terreno en Águilas que, por encontrarse en pleno corazón de la Sierra de Almenara, en una zona calificada como Zona de Especial Protección para Aves (Zepa) y propuesta como Lugar de Interés Comunitario (LIC), era objeto de una especial protección.

Cuatro mil viviendas

El convenio urbanístico que Casanova promovió para esta finca, de 2,4 millones de metros cuadrados, contemplaba la construcción de unas 4.000 viviendas, campo de golf y hoteles, pero la actuación urbanística acabó siendo archivada por el Ayuntamiento de Águilas después de que informes técnicos señalaran que ese resort era incompatible con la legislación ambiental.

Es a partir de ese momento cuando se habría desarrollado la actuación delictiva por parte del entonces director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; quien fue directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez, y quien era el jefe de servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Así, Encarna Muñoz procedió a reabrir «de oficio», sin que nadie -ni el propio promotor lo pidiera- el expediente sobre esa actuación urbana, y lo remitió a Calidad Ambiental. Sin esa decisión, cuya única voluntad era «favorecer la reclasificación» de la finca, el asunto habría seguido estando archivado.

Igualmente procedió a llevar en mano un informe de Medio Natural a la Dirección General de Calidad Ambiental, «con una clara voluntad arbitraria de evitar que los técnicos de Medio Natural pudieran emitir informe sobre el proyecto, sabedora de su opinión desfavorable por haberla recabado antes verbalmente».

El mencionado informe que trasladó personalmente «carecía de firma y de justificación técnica o científica» y solo buscaba «crear la apariencia de que se había cumplido con los trámites». Igualmente era «una clara manipulación del informe negativo de 2004, extrayendo del mismo los apartados desfavorables y la conclusión de incompatible, para incluir cuatro párrafos tendentes a minusvalorar la afectación del proyecto».

Por lo que se refiere a la conducta ilegal del jefe de servicio Sánchez Gelabert, también habría aportado «en mano, y fuera de los cauces oficiales», un informe de la Fundación Global Nature «que contenía evidentes errores y cuyo cuerpo científico no coincide -ni sirve- para sostener sus propias consideraciones o conclusiones».

Del mismo modo, habría aceptado la competencia para emitir un informe sobre las repercusiones de la urbanización en la Red Natura 2000, que se habría confeccionado con la técnica de «cortar y pegar lo favorable al proyecto, obviando lo desfavorable». Por último, Alvarado acordó la apertura del expediente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), imprimiendo una gran celeridad al proceso e instando al Ayuntamiento de Águilas, «de forma contraria al procedimiento previsto», a aprobar inicialmente la modificación puntual de los terrenos, pese a conocer la naturaleza de los mismos».

En último término, firmó la DIA en calidad de director general, sin el visto bueno de Sánchez Gelabert, y la remitió por fax al Consistorio aguileño un día antes que otro informe, idéntico, pero este ya con la firma del jefe de servicio, que se mandó al BORM.

Dilaciones indebidas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en la sentencia de la que es ponente la magistrada Concepción Roig, se concluye que estos hechos son constitutivos de delitos de prevaricación, por los que se imponen a Antonio Alvarado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert y Encarna Muñoz las penas de siete, seis y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, condena a Alvarado y Sánchez Gelabert a dos años de prisión y un año y tres meses de inhabilitación, en sendos casos, por falsedad documental. Las penas han sufrido una rebaja sustancial al haber apreciado el tribunal la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por los retrasos en la instrucción de una causa que se ha prolongado durante diez años.

Los otros dos acusados, Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, y José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo, han sido absueltos por el hecho, ya mencionado, de que no se llamara a declarar en el juicio a Bascuñana.

La sentencia es recurruble en casación ante el Tribunal Supremo.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos