La Comunidad ultima el permiso para solventar hoy el vacío legal de las ITV

ITV de Espinardo.
ITV de Espinardo. / Guillermo Carrión / AGM

Pese a la «inseguridad jurídica», el Ejecutivo resalta la «normalidad absoluta» en los ocho talleres y la «validez» de las revisiones de vehículos

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

El Gobierno regional pretende resolver hoy mismo el «vacío legal» en el que se encuentran las empresas que prestan el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) con una autorización temporal que los letrados de la Comunidad redactan desde que la Asamblea Regional tumbó el lunes el decreto-ley que iba a regularlo. Las concesiones de seis de los ocho talleres caducaron el lunes y ayer se hizo oficial, con la publicación en el Boletín Oficial de la Región, la derogación de la norma con la que el Ejecutivo de Fernando López Miras pretendía mejorar ese servicio. Aun así, fuentes de San Esteban garantizaron que las ITV funcionan con «normalidad absoluta» y que las inspecciones realizadas mientras se prolonga este limbo «tienen validez».

La consejera portavoz, Noelia Arroyo, insistió en la necesidad de solucionar cuanto antes esta situación de «inseguridad jurídica» para usuarios y para los doscientos empleados de las ITV, que ven con incertidumbre su futuro laboral. Así lo reconoció tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que fue seguida en la puerta del Palacio de San Esteban por representantes sindicales de los trabajadores de la estación de Alcantarilla, la única de gestión pública directa. Allí exigieron que su modelo se extienda a todo el servicio y mejoras laborales.

Los representantes sindicales reiteraron que la inspección de Alcantarilla es la más rentable económicamente, la más barata y también la que plantea más exigencias técnicas a los usuarios, que se traduce en una mayor seguridad de los vehículos. Aun así, el decreto-ley derogado planteaba cambiar su gestión al régimen de concesión, junto con las otras siete estaciones actuales y las diez nuevas previstas.

Apoyo social y legal

Arroyo extendió a los usuarios la «inseguridad jurídica» por el «vacío legal» en las ITV. De ello volvió a culpar a Ciudadanos, con quien el Partido Popular había negociado la convalidación del decreto-ley pero finalmente votó en contra, alineándose con el PSOE y Podemos. Como también argumentó el portavoz del PP, Víctor Martínez, Arroyo subrayó que el cambio de criterio del partido naranja no es «un revolcón al Gobierno, sino a los ciudadanos y a los trabajadores». Para el Ejecutivo, Murcia pierde ahora la oportunidad de tener las tarifas de ITV más bajas de España, con rebajas generalizadas del 56%, casi un 80% para los tractores y un 69% para las motocicletas, con el respaldo de asociaciones de conductores, consumidores y usuarios, así como con un dictamen favorable del Consejo Económico y Social. Además, se genera una situación de incertidumbre laboral a los doscientos empleados de esos talleres, pese al respaldo de UGT y Comisiones Obreras a las garantías para mantener empleos y condiciones.

En un comunicado, la patronal regional Croem lamentó «la oportunidad perdida para haber liberalizado un sector que habría beneficiado de manera directa a la actividad empresarial y, en general, a todos los ciudadanos, que se verán así privados de un servicio más ágil, más cercano y a un menor coste».

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