La Comunidad prepara un decreto para sacar adelante el nuevo modelo de ITV

El Gobierno regional busca «mantener los objetivos económicos y sociales» que se buscaban con la reforma

LA VERDADMurcia

El Gobierno regional está trabajando en un nuevo decreto que permita mantener los objetivos económicos y sociales que se buscaban en la reforma de la gestión de las ITV de la Región, pactada en el Consejo Económico Social, avalada por el Consejo Jurídico y acordada con los sindicatos y todos los sectores sociales de la ciudadanía, tras la no convalidación del decreto ley en la Asamblea Regional.

Así, se han iniciado ya una ronda de contactos con los colectivos sociales implicados en este asunto, ya que, según destacó el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, "siempre hemos buscado consenso social para el modelo ITV".

Con la reforma que se planteaba en el decreto ley se perseguían cuatro objetivos: bajada de tarifas, más cercanía a los domicilios de los ciudadanos, menos colas y mantenimiento de puestos de trabajo. Así lo recordó Hernández, quien defendió que "tenemos que buscar un instrumento para que las tarifas sean lo más baratas posibles; garantizar un sistema que permita crear un mayor número de estaciones de ITV para la supresión de colas; y tenemos que garantizar el acercamiento de esas estaciones a todos los ciudadanos, posibilitando así un equilibrio territorial".

El consejero también ha destacado que "hay que posibilitar las condiciones de calidad de los servicios para garantizar que los vehículos que circulan por la Región de Murcia cumplen con la seguridad vial y con el respeto al medio ambiente". Igualmente, el Gobierno regional "impulsará un marco normativo dentro de las Relaciones Laborales, que permita garantizar el mayor número de puestos de trabajo en las mejores condiciones laborales posibles", añadió Hernández.

Por todo ello, el Ejecutivo regional, en un breve periodo de tiempo, dará a conocer los puntos clave de este decreto en la que ahora trabaja y está concretando con los servicios jurídicos de la Comunidad.

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