La Comunidad y la patronal pactan una ley para regularizar más de 15.000 empresas

La consejera Noelia Arroyo y el presidente Fernando López Miras, ayer, en el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera. / Javier Carrión / AGM

Los negocios, que dan empleo a unas 75.000 personas, tienen pendiente la licencia de actividad por defectos leves en materia urbanística

J. MOLLEJOMURCIA

El Gobierno regional quiere aprobar antes de que finalice el año una nueva ley de simplificación administrativa, que ya ha configurado con la ayuda de la patronal Croem, para regularizar en el plazo de dos años a más de 15.000 empresas y asegurar así los aproximadamente 75.000 empleos que dependen de ellas.

Este fue uno de los anuncios realizados ayer por el presidente Fernando López Miras en el transcurso de un encuentro con periodistas que tuvo lugar en el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera para hacer balance de la primera mitad de la legislatura y fijar los objetivos del Ejecutivo para los dos años que restan de mandato.

El proceso excepcional de regularización que recoge la nueva ley están pensado para las empresas que, a causa de defectos leves -«subsanables» es el término que figura en la ley- cometidos en las obras o el desarrollo de los proyectos, no pudieron conseguir la licencia de actividad de forma definitiva.

López Miras anuncia que una multinacional agroalimentaria invertirá más de 30 millones en la Región

Esta circunstancia, que en muchas ocasiones se produjo por errores involuntarios o lagunas e indefiniciones en las normas urbanísticas, según explican desde el Gobierno regional, supone una losa para estas empresas que operan dentro de la legalidad, ya que les dificulta la obtención de financiación bancaria y optar a ayudas de la Unión Europea al no estar en disposición de la licencia de actividad.

Con el fin de dar «certidumbre al empleo y seguridad jurídica» a las sociedades que se encuentren en esta situación, la nueva ley establece un procedimiento de regularización que permitirá conceder una licencia de actividad provisional hasta que el nuevo plan general urbano del municipio en el que se ubican o la modificación del existente elimine definitivamente los «defectos subsanables».

Esta segunda ley de simplificación administrativa -la primera redujo notablemente la burocracia para la apertura de nuevos negocios- se enmarca en la ofensiva del Gobierno autónomo para convertir a la Región de Murcia «en la comunidad autónoma con mayor libertad económica de España», y cuyo fin no es otro que favorecer la captación de empresas e inversiones.

En este sentido, López Miras anunció también que a finales de agosto una multinacional del sector agroalimentario anunciará su establecimiento en la Región con una inversión, en una primera fase, de entre 30 y 50 millones de euros.

El presidente eludió precisar el nombre de la multinacional para no interferir en sus planes sobre cuándo y cómo hacer público el proyecto, pero destacó que «lo importante, además de la inversión y el empleo que se creará, es que, tras analizar las condiciones de otras comunidades, ha elegido establecerse en la Región».

Por ello, subrayó que «seguiremos bajando los impuestos, suprimiendo trabas y dando facilidades». Con respecto a la nueva ley de simplificación administrativa añadió que, además del proceso excepcional de regularización para más de 15.000 empresas, incluirá la obligación de que las compañías eléctricas faciliten el suministro a las nuevas empresas en un plazo máximo de dos meses, seis meses menos que el plazo legal actual. También se homogeneizarán las ordenanzas de los 45 municipios de la Región con el fin de unificar y agilizar los procesos para la concesión de licencias de obras y se facilitará la inversión tecnológica en los polígonos industriales.

El objetivo último de estas iniciativas, señaló el presidente, es «crear más empleo, de más calidad, más estable y más remunerado», lo que calificó como el principal reto del Gobierno para la segunda mitad de la legislatura. «Quiero que mi Gobierno sea el Gobierno del empleo», afirmó durante el encuentro, en el que estuvo acompañado de la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

Con este propósito, López Miras adelantó que el Ejecutivo presentará en octubre la Agenda para el Desarrollo Industrial y Tecnológico con el fin de impulsar estos dos sectores, caracterizados por disponer del empleo más estable y cualificado. Este plan de actuación contará con dos objetivos específicos: la creación de 15.000 puestos de trabajo y el incremento en un 15% de las empresas en ambos sectores.

El presidente recordó que una de las metas que se ha fijado el Ejecutivo es « llegar a los 620.000 ocupados en el año 2020, y lo vamos a conseguir», a la vista de la buena marcha del mercado laboral de la Región. «Desde 2015, la Región ha creado 51.600 puestos de trabajo, y en la actualidad cada 20 minutos sale un murciano del paro cuando hace cuatro años se destruían 50 empleos netos cada día», apuntó.

El presidente repasó los datos que avalan el buen momento de la economía regional, que encadena ya nueve trimestres consecutivos creciendo por encima del 3%, y vaticinó que la Región de Murcia «cerrará el año 2017 con el PIB más alto de su historia» gracias a una tasa de crecimiento de entre el 3,4% y el 3,6%.

Insistió en la apuesta del Ejecutivo por el sector turístico para que incremente su peso en el PIB regional hasta el 14%, tres puntos más de lo que representa en la actualidad. La línea de actuación se centrará en desestacionalizar la oferta a través del fomento de actividades específicas, como el turismo deportivo, el gastronómico y el religioso.

Otro frente del que piensa sacar tajada el Gobierno son los ataques contra el turismo masivo que han tenido lugar en comunidades como Baleares y Cataluña. «Si hay otras comunidades que tienen fobia al turismo, nosotros vamos a intentar aprovecharnos. Aquí los turistas siempre serán bienvenidos», declaró López Miras. «No solo vamos a aprovechar las potencialidades turísticas de la Región de Murcia, sino también las debilidades de otras comunidades autónomas».

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