La Comunidad dispone de más de 800 terminales móviles para sus empleados

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, habla por el móvil, en una foto de archivo./Fran Manzanera / AGM
La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, habla por el móvil, en una foto de archivo. / Fran Manzanera / AGM

La mayoría son teléfonos, pero también facilita 'tablets', PDA y hasta módems para el trabajo de altos cargos, jefes de todo tipo y funcionarios

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJOMurcia

Los teléfonos móviles son utilizados desde hace tiempo como una herramienta más de trabajo en muchas ocupaciones, y la Comunidad Autónoma, que con sus 50.000 trabajadores es la principal empleadora de la Región de Murcia, se encuentra ampliamente surtida de esta herramienta.

La Administración regional cuenta con más de 800 dispositivos móviles para uso laboral de sus empleados. La mayoría son teléfonos, pero también hay 'tablets', PDA y hasta módems, según el listado de «líneas en producción» facilitado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, a un ciudadano que se interesó por estos datos a través una solicitud de acceso a información pública, regulada en la ley regional de Transparencia.

Entre los beneficiados están los 68 altos cargos que actualmente forman el Gobierno regional, el personal eventual de gabinete y asesores, jefes de servicio que ocupan puestos de libre designación y también numerosos empleados públicos que por razón del servicio que desarrollan precisan de un teléfono para hacer su trabajo, como son especialistas en emergencias, médicos y enfermeros de guardia, inspectores, conductores de coches oficiales y de transportes de servicio público, entre otros.

La información está actualizada hasta el mes de mayo pasado, antes de que tomara posesión el nuevo Ejecutivo presidido por Fernando López Miras, por lo que los datos por departamentos se ajustan a la estructura del anterior gobierno.

Así, entre las consejerías, la que cuenta con más dispositivos móviles a su servicio es Presidencia, con 92, la mayoría de ellos a disposición de la Dirección General de Emergencias, mientras que la menos dotada es Familia, con solo 18.

Sanidad posee 31 móviles asignados a los distintos departamentos de la Consejería, pero es un organismo dependiente de ella, el Servicio Murciano de Salud, el que tiene el mayor número de terminales a su disposición, con un total de 214, la mayoría de ellos asignados a los centros hospitalarios dependientes de la Comunidad Autónoma.

La información facilitada por la Consejería de Hacienda en su respuesta es mucho más limitada que la requerida. En la solicitud se pedía relación de los terminales asignados «a los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal de confianza y puestos de libre designación iguales o superiores al nivel 26» en los ejercicios 2015 y 2016, con las renovaciones llevadas a cabo esos mismos años, además de los números de los teléfonos, nombre y apellidos de sus usuarios, modelo, coste del aparato e incluso facturación mensual de cada uno.

La Consejería, «previa ponderación entre el interés público en la divulgación de esta información y los derechos de los afectados cuyos datos se solicitan», no fue tan generosa en su respuesta y redujo los datos facilitados a los primeros cuatro números de cada móvil, al puesto al que está asignado y al tipo de modelo y fecha de su renovación.

La respuesta incluye una segunda lista en la que se concretan los más de 600 dispositivos que se renovaron entre los años 2015 y 2016 «por cambio o deterioro».

Casi el 70% de las solicitudes de información reciben respuesta

El derecho a saber del ciudadano se ha ido introduciendo en los últimos años, en mayor o menor grado, en la mayoría de las administraciones públicas, de la mano de otras mejoras como la transparencia, el gobierno abierto y la participación ciudadana, que buscan abrir e identificar estas administraciones con los administrados. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se recogió este derecho en la ley regional de Transparencia, aprobada en diciembre de 2014, lo que permitió ordenar un procedimiento para que los ciudadanos pudieran presentar al Ejecutivo solicitudes de acceso a información pública. Entre los años 2015, 2016 y 2017, se han tramitado 421 peticiones de información, de las que 289 (el 68,6%) se resolvieron favorablemente y solo 45 (10,68%) fueron rechazadas. El resto fueron no admitidas a trámites (35) o se encuentran en proceso de resolución (15). Los temas por los que se interesan los ciudadanos son muy diversos, como los móviles a disposición del personal de la Comunidad, los puestos de trabajo para pedagogos, convalidaciones de inglés técnico, sobre plantillas, contratos, normativa y hasta el uso de aparcamientos oficiales en la Consejería de Familia.

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