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Una mujer pasa ante la sede de la Mancomunidad en Villanueva.
La Mancomunidad del Valle  de Ricote lleva cuatro meses sin pagar a sus empleados

La Mancomunidad del Valle de Ricote lleva cuatro meses sin pagar a sus empleados

Las deudas de los ayuntamientos de Ulea, Villanueva, Ojós y Ricote impiden que cobren los 22 trabajadores de la entidad y del Centro Especial de Empleo

JESÚS YELO

Miércoles, 31 de mayo 2017, 01:36

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La historia vuelve a repetirse y de nuevo con los trabajadores como perjudicados. Los 22 empleados dependientes de la Mancomunidad del Valle de Ricote llevan desde febrero sin cobrar sus salarios, en total 75.000 euros, según reconoce su presidente, Víctor López Abenza, alcalde de Ulea, que junto con Villanueva, Ojós y Ricote componen la entidad, tras la salida de la misma hace varios años de Archena, Blanca y Abarán.

En concreto, se les adeudan los meses de marzo, abril y mayo a los trabajadores del Centro Especial de Empleo (seis de Ulea, uno de Ricote, uno de Villanueva, dos administrativos y seis del centro Las Arboledas) que prestan servicios como jardineros, limpiadoras, información, conserje y bibliotecario. Un servicio que se factura mensualmente a los ayuntamientos. Además, se les debe febrero, marzo, abril y mayo a las cuatro trabajadoras sociales y a un administrativo de la Mancomunidad, cuya sede se encuentra en Villanueva.

López Abenza asegura que «vamos a formalizar una operación de crédito por importe de 70.000 euros y calculo que en los primeros días de junio solventaremos la deuda». En cualquier caso, la situación de incertidumbre que llevan soportando los trabadores tiene su origen en 2011, motivada por el escaso interés y la falta de voluntad de los respectivos ayuntamientos que no pagaron en su totalidad su aportación correspondiente.

El regidor de Ulea que dirige los destinos de la Mancomunidad desde 2015, sin cobrar, afirma que «cuando cogí las riendas, la entidad estaba en la quiebra técnica, con una deuda de 400.000 euros, y al día de hoy solo se deben los salarios de los trabajadores». En sus dos años al frente de la presidencia, «se abonaron los 86.000 euros que se les adeudaban al Ayuntamiento de Blanca -solo nos quedan 6.000 euros; se pagaron honorarios a abogados por despidos; se atendieron requerimientos con la Agencia Tributaria; se abonaron deudas al juzgado y se pagaron más de 6.000 euros a proveedores, entre otros», relata.

En la actualidad, los cuatro ayuntamientos adeudan unos 304.000 euros: Ricote (200.000 euros), Villanueva (90.000), Ulea (8.000) y Ojós (6.000 euros). Con todo, la Mancomunidad aprobará próximamente su presupuesto para este ejercicio 2017, cifrado en 500.000 euros, de los cuales Villanueva debe aportar 37.000 euros; Ricote, 24.000 euros; Ulea, 14.000 euros y Ojós, 10.000 euros. Aparte, la Comunidad Autónoma deberá poner otros 86.000 euros.

Demanda en los juzgados

Por otra parte, el exconcejal del PP en Villanueva durante varias legislaturas, Mariano Gómez, que fue director de la Mancomunidad cuando presidía este organismo el exalcalde de su municipio, José Luis López Ayala (PP), presentó una denuncia en los juzgados, el pasado 28 de abril, tanto contra el Centro Especial de Empleo, como frente a la Mancomunidad del Valle de Ricote, sobre presuntas «anomalías que, de ser probadas, podrían ser constitutivas de delito».

En primer lugar, el denunciante señala que «recibió ayudas para inversión, al constituirse en 2002, adquiriendo la maquinaria e instalaciones en las que ejercer las actividades de imprenta y lavandería, y, por otra parte, la Comunidad Autónoma le viene pagando la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional con destino a sufragar parte del coste salarial a los trabajadores».

Gómez mantiene en su denuncia que «lo realmente grave es que el centro de empleo hace mucho tiempo que no se dedica a la lavandería ni a la imprenta; no tiene actividad productiva y es una empresa ficticia que solo tiene actividad en los papeles». En segundo lugar, el denunciante indica que «los trabajadores que están dados de alta como empleados del centro no trabajan para este, sino que prestan sus servicios a los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad».

También sostiene Gómez que «la cesión de trabajadores está conculcando derechos laborales y lo más grave es que los consistorios pagan al Centro Especial de Empleo cada mes el importe de la totalidad de los salarios de los trabajadores discapacitados». Mientras, el presidente de la Mancomunidad ha reconocido a 'La Verdad' que desconocía que existiera esta demanda, por lo que ha evitado pronunciarse sobre la misma.

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