Los bancos ya acumulan 1.500 viviendas en la costa norte del Mar Menor

A David y Levi, tío y sobrino a pesar de que ninguno de los dos llega al año de vida, se les despierta el hambre todos los días a la misma hora. Los pequeños comen y duermen ajenos a las preocupaciones de Julia y Anastasio -padres de David y abuelos de Levi- por la situación de su amplia familia de 9 miembros desde que la crisis económica le dio la vuelta a su vida como una tortilla. Viven desde hace tres años como 'okupas' en una vivienda de San Pedro del Pinatar, sin luz ni agua.

Su situación se asemeja a otras de cientos de familias que ven cerradas a cal y canto las puertas del derecho a una vivienda digna y asequible a sus ingresos, en parte debido a las secuelas de la crisis y al encarecimiento de los precios del alquiler en la costa. No pocos propietarios optan por sacar rendimiento a sus pisos y chalés con subidas del arrendamiento durante el verano, que llegan a multiplicar por cuatro o por cinco el precio de invierno.

Algunos dueños han llegado a reclamar a sus inquilinos una renta astronómica al llegar el mes de julio, ofreciéndoles como única alternativa hacer la maleta en verano y regresar a la vivienda en octubre. Para la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en el Mar Menor, la bolsa inmobiliaria acumulada en los últimos años por los bancos, sería la solución. «Solo necesitaríamos disponer de un 10% para alquileres sociales», señala la portavoz de la PAH comarcal, Charo Tárraga.

Las más de 1.500 viviendas que los bancos poseen en la costa norte del Mar Menor, 600 en San Javier y 534 en San Pedro del Pinatar, más una cifra aproximada en Los Alcázares, permanecen cerradas durante años. Aunque los ayuntamientos confirman que cumplen con sus tributos en un 90% de los casos, el resto acumula deudas fiscales y obligaciones con las comunidades de vecinos.

«Una pequeña parte de esas viviendas solucionaría el problema de las familias que están sufriendo en la zona porque no tienen casa ni condiciones dignas de vida», explica Tárraga, quien critica «la resistencia de los bancos a pactar alquileres sociales con las familias desahuciadas, a pesar de que tienen derecho».

Algunas entidades piden 350 euros por mensualidad y la portavoz de la PAH recuerda que eso no es un alquiler social «para una familia que ingresa 450 euros».

Sin grifos ni bombillas

La historia de Anastasio y Julia es una más entre tantas que llegan a las reuniones semanales de la PAH en cada municipio del Mar Menor. A la incertidumbre del techo que cubre a la familia García, se suma la dificultad de mantener una vida digna con las condiciones de hace un siglo: sin bombillas que se enciendan al llegar la noche ni grifos abiertos para la limpieza, la cocina o el baño de pequeños y mayores.

«Yo no quiero vivir así, quiero estabilizar la situación y dormir tranquilo», afirma Anastasio, padre de cinco hijos, a los que se han sumado la mujer del mayor y el bebé de ambos. Hasta llegar a la desesperada situación de ocupar una casa de dueño desconocido, a Anastasio y su familia les sobrevino una cadena de circunstancias que, como una bola de nieve, fue cercenando su tranquila vida anterior.

Empresario y constructor, Anastasio recuerda que «antes de la crisis vivíamos muy bien porque trabajábamos mucho». La familia crecía y todo iba sobre ruedas hasta que el castillo de naipes del sector inmobiliario comenzó a caer arrastrando a reyes y peones. «Hubo empresas, como Polaris, que nos dejaron a cero. Tenía tantos pagos que no podía atenderlos con la reducción de los ingresos, pero aguanté así unos cuatro años y pagué todo lo que pude», recuerda el padre de familia.

No temía por su casa, ya que llevaba 15 años pagando una hipoteca cuya cuota osciló «entre los 600 y los 1.200 euros a lo largo de los años», señala Anastasio. Cuando las opciones de trabajo se cerraron acumuló tres meses de impago de la hipoteca y el panorama se terminó de nublar «cuando un día se nos vino el techo abajo, las vigas tenían aluminosis y esto es difícil de detectar hasta que no se viene abajo». Sin recursos para el arreglo, Anastasio buscó ayudas para el material con la intención de reparar la vivienda por su cuenta. «Tenía una familia y ningún sitio adonde ir», tiene aún presente en la memoria.

No encontró ni una ayuda ni un cabo al que agarrarse para salir a flote. «En los buenos tiempos, el director del banco salía a recibirme para que entrara a su despacho, pero entonces no logré ningún acuerdo, a pesar de que llevaba pagados 15 años de hipoteca», se lamenta.

Precios de verano

El otrora constructor recuerda que «salí en busca de una casa de alquiler, pero era ya verano y me llegaron a pedir 2.000 euros». Con la casa medio derrumbada por la aluminosis, no vio otra salida que buscar techo ocupando una vivienda. «He tenido algunos trabajos sueltos y ahora vendemos fruta en los mercadillos. Hacemos un poco de magia para que llegue el dinero para todos, pero tenemos para comer, aunque no podríamos pagar un alquiler elevado», detalla sus cuentas. Ha intentado retomar su anterior vivienda, pero el banco la ha precintado y «nos dicen que no encuentran los papeles. Hemos vivido siempre de forma estable, hemos pagado siempre los impuestos y cuando hemos sufrido estas desgracias no encontramos ni ayuda ni una salida», se plantea el exempresario, quien ha acudido a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en el Mar Menor.

Su portavoz asegura que «hemos logrado muchos alquileres sociales en los últimos años, pero no es suficiente, porque ahora vivimos la avalancha de desahucios por impago de alquileres e incluso de desalojos de inquilinos porque han quitado la casa a los propietarios».

Y recuerda que «el coste de la vivienda no puede exceder el 30% de los ingresos familiares». La PAH reclama a los ayuntamientos el compromiso para «negociar con los bancos y proporcionar a las familias viviendas dignas donde vivir y recuperar su estabilidad».