El juez imputa al alcalde y a cinco ediles del PP en Los Alcázares por las obras del pantalán

Un Juzgado de San Javier citó este viernes a declarar como investigados al alcalde de Los Alcázares y a cinco concejales, todos del Partido Popular, como presuntos autores de delitos de prevaricación, cohecho, trafico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

El auto del juez Antonio Morente (del Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier) cita también como investigados, figura que hasta diciembre se conocía como imputado, a la secretaria y al interventor municipales y a Iriana Bastida, hija del alcalde, Anastasio Bastida, por su participación en la adjudicación de las obras de rehabilitación del pantalán del muelle de la Pescadería, en el Mar Menor.

Tal y como adelantó 'La Verdad', el grupo municipal socialista de Los Alcázares interpuso una querella criminal por prevaricación contra el equipo de Gobierno por convocar solo a tres empresas en un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación, sin recurrir al concurso público de esos trabajos, cuyo coste superaba los 100.000 euros.

En una primera reacción, el portavoz socialista, Chema Gil, declaró que "ese tipo de conductas tienen que ser condenadas al ostracismo", pues aunque "es cierto que ese procedimiento está amparado por la ley, se requiere que las empresas invitadas sean diferentes y que entre ellas no existan intereses comunes para que en realidad exista competencia". Además, consideró que "la Junta Local de Gobierno debería abstenerse de participar en otros procesos similares al denunciado, en el que queda de manifiesto que no se ha actuado con la corrección debida".

Gil añadió que "esta forma de actuar del Partido Popular ha de terminar ya. No sólo estamos viendo que se imputa a equipos de gobierno completos en Valencia, ahora en Los Alcázares y en otros lugares, sino que toda esta conducta ofrece una sensación de impunidad con la que han operado. Lo que se ha iniciado es un procedimiento penal que puede tener graves consecuencias y el Juzgado está iniciando todas las acciones con la debida diligencia para que se investigue en un tiempo razonable".

Según el PSOE, el auto del juzgado insta a que los socialistas se conformen como querellantes mediante la declaración de acusación popular al no ser perjudicados directos por los hechos que se imputan.

También precisó Gil que Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), Undinter Infraestructuras y Aitana Actividades de Construcción y Servicios "están vinculadas íntimamente entre sí por diferentes personas que tienen puestos de responsabilidad ejecutiva en ellas".

Y efectivamente, en el auto el juez aprecia también indicios de delito en la escasa diferencia de precio de las ofertas y en la vinculación de la adjudicataria, Tecopsa, con Urdinter y Aitana, puesto que Ignacio Antonio Estevan es apoderado mancomunado solidario de Tecopsa y administrador único de Aitana.

El también citado como investigado Fernando Alberto Díaz Ripollés es administrador único de Tecopsa, y solidario de Urdinter.

Por su parte, la hija del alcalde entró a trabajar en Tecopsa días antes de que le fueran encargados los trabajos, lo que el PSOE conoció porque ella misma lo publicó en su perfil de Facebook.

Entre los posibles delitos en los que pudieran haber incurrido, el juez cita también los de tráfico de influencias, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, en este último caso, de la secretaria del ayuntamiento, Ana Belén Saura, y del interventor, Victoriano Luis Ortega.

Los concejales investigados son Cristina Ascensión Sánchez (Educación, Cultura, Sanidad y Patrimonio), Nicolás Ruiz (Deportes y Juventud), Francisco Méndez (Comercio, Industria y Personal), Francisco Montesinos (Agricultura, Pesca, Ganadería, Medio Ambiente, Transporte y Urbanismo) e Isabel María Sarmiento (Empleo y Política Social), presentes en la Junta de Gobierno que adjudicó las obras.

Por último, el juez requiere al Ayuntamiento toda la documentación del expediente de esas obras bajo apercibimiento de incurrir, en el caso de no entregarla antes del próximo día 26, en un delito de desobediencia y denegación de auxilio.

A falta de la subsanación de un defecto formal para la admisión a trámite de la querella, por deber ejercer el PSOE la acción popular en lugar de la acusación particular e ingresar una fianza de 8.000 euros, contra este auto cabe recurso de apelación hasta cinco días después de que su notificación.

El primer edil de esta localidad no quiso hacer declaraciones hasta no conocer el contenido íntegro del auto, del que solo tiene noticia por los medios de comunicación.

Por su parte, el Partido Popular aseguró que se ha puesto en contacto con el Grupo Municipal Popular y le ha solicitado toda la información y documentación relativa "al asunto referido" para que el Comité de Derechos y Garantías proceda a su estudio en una próxima reunión.