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El Consistorio empeza a pagar el alquiler de la Policía Local cuando el inmueble estaba sin construir

El dueño es uno de los empresarios investigados por adjudicaciones 'a dedo' y el presunto fraccionamiento ilícito de obras municipales

Jorge García Badía

Martes, 19 de mayo 2015, 01:40

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«El señor alcalde se ausenta durante la deliberación y votación del asunto». Es lo que recoge el acta de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Abanilla, que se celebró el 15 de noviembre de 2006, y en la que se acordó alquilar un local para la Policía Local. Se da la circunstancia de que el inmueble alquilado era propiedad de un socio de una de las dos empresas que están bajo sospecha de la Fiscalía de Murcia, que investiga el supuesto fraccionamiento ilícito de obras y presuntas concesiones 'a dedo' de contratos públicos, como las cantinas municipales.

El regidor popular, Fernando Molina, en ese momento era supuestamente consuegro del empresario propietario del local y que ahora está bajo sospecha de la Fiscalía. La Junta de Gobierno aprobó el «arrendamiento de un local» para la Policía Local «motivado por el incremento de efectivos». La decisión se adoptó con los votos de los entonces ediles Juan José Ramírez, Rosario Ramírez y José Antonio Blasco (actual candidato del PP).

El acuerdo se apoyaba en un informe de la oficina técnica que consideraba el inmueble «idóneo por sus dimensiones y emplazamiento». Sin embargo, cuando se cerró el acuerdo el local solo era una estructura de cemento en la calle Pablo Picasso. De hecho, fue necesaria una inversión de 150.000 euros, de los que la Consejería de Presidencia aportó 82.259 euros y el resto el Consistorio, para acabar la estructura que se alquiló al empresario bajo sospecha.

La inauguración de las nuevas dependencias policiales se produjo en julio de 2009, pero en los presupuestos del Ayuntamiento de 2007 y en los de 2008 se consignaron 15.600 euros, en concepto de «alquiler de local de la Policía Local». Es decir, las arcas municipales abonaron 31.200 euros por un local que estaba en obras.

Las prórrogas expiraron

En la documentación aportada a la Fiscalía de Murcia por la edil del IUMA, María Dolores Saurín, se informa de que el empresario es el «futuro suegro del alcalde» y que el contrato sigue en vigor nueve años después, a pesar de que el tope eran tres años. El acuerdo denunciado de la Junta de Gobierno fijaba abonar un alquiler de 1.300 euros mensuales, desde el 1 de enero de 2007, «por un periodo de dos años, prorrogables, con un máximo de un año».

Desde el Ayuntamiento indicaron ayer que «los pagos se hicieron porque no había otro local que reuniese esas características y se había firmado un contrato de alquiler». También precisaron que cuando se adoptó el acuerdo de la Junta de Gobierno el alcalde «no era familia del empresario». En cuanto a los motivos por los que el contrato de alquiler sigue en vigor, subrayaron que «no hay dinero para hacer otras dependencias y para qué vamos a buscar otros sitio».

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