Investigan el fraccionamiento ilícito de obras y concesiones 'a dedo' de cantinas

La lupa de la Fiscalía está puesta sobre el Ayuntamiento de Abanilla y su relación con dos empresas que están bajo sospecha. La primera de ellas suma 38 adjudicaciones de obra menor hasta diciembre de 2008 y la segunda 95 trabajos similares hasta enero de 2009. El fiscal Miguel de Mata ha abierto diligencias por el supuesto fraccionamiento irregular de dichos trabajos y la presunta vulneración del principio de libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público. Según fuentes de la investigación, se ha detectado que algunas facturas pertenecen a trabajos realizados en una misma calle del municipio o pedanías, pero que se facturaron en días distintos para que el importe no superase los 50.000 euros y así evitar, aparentemente, convocar un concurso público tal y como marca la ley.

La Fiscalía está buscando indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa. Fuentes de la investigación precisan que «los años más significativos son 2008 y 2009». Esos ejercicios aglutinan decenas de expedientes de obra menor: asfaltado en calles de las pedanías del Salado, Barinas y Macisvenda, reparaciones de alcantarillado, obras en el cementerio... De hecho, a lo largo de 2008 el camposanto de Abanilla debió recibir más visitas de albañiles que de familiares condolidos para despedirse de sus seres queridos.

La información de las facturas a las que ha podido acceder 'La Verdad' reflejan que se levantó un muro de contención, hubo trabajos en la red de saneamiento, se instalaron arquetas... Todo fue resumido en cuatro facturas de obra menor emitidas en marzo y aprobadas de una tacada por la Junta de Gobierno en junio de 2008. Por separado su importe no supera los 50.000 euros, pero al sumarlas el montante es de 117.348,50 euros.

'Tocho' de facturas

Solo seis meses después, en diciembre de ese mismo año, volvieron los albañiles al cementerio y se emitieron tres nuevas facturas por trabajos en el camino de acceso. Es solo un ejemplo del 'tocho' de facturas y acuerdos de la Junta de Gobierno -integrada por ediles del PP- que han despertado el interés del Ministerio Fiscal.

La denuncia fue presentada por la edil del IUMA, María Dolores Saurín, indicando que en ambos casos las siete facturas del cementerio fueron «conformadas por la Intervención y aprobadas sin fiscalización previa por la Junta de Gobierno». En la querella admitida a trámite por la Fiscalía de Murcia denuncia que «la contratación de las obras en Abanilla prácticamente tiene solo dos empresas adjudicatarias». Y ello a pesar de que en ese momento existían en el municipio otras 15 empresas que podrían haber realizado esos trabajos o haber concurrido a licitaciones públicas.

El pasado febrero, el fiscal Miguel de Mata solicitó al Ayuntamiento los expedientes de las obras adjudicadas a las empresas sospechosas entre 2008 y 2009. Pero además, ha solicitado informes a la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social para conocer datos fiscales, actividad y plantilla de las firmas investigadas y que entre ambas facturaron a las arcas municipales la friolera de 5.102.921 euros.

Fuentes municipales defienden que «la Junta de Gobierno siempre ha aprobado lo que el secretario y la oficina técnica supervisan. Nunca hemos votado nada sin el visto bueno de los técnicos y que sea contrario a la ley». De momento, el Consistorio ya ha facilitado a Miguel de Mata toda la documentación relativa a las obras menores sospechosas.

Dos visitas a la Fiscalía

La edil del IUMA ha comparecido ya hasta en dos ocasiones ante la Fiscalía. La segunda vez fue ante el Fiscal Superior Manuel López Bernal y, tras la misma, se han ampliado las diligencias de investigación por la supuesta adjudicación 'a dedo' de dependencias municipales y centros sociales de pedanías. En esta comparecencia, María Dolores Saurín aportó un escrito-respuesta del regidor popular, Fernando Molina, a la pregunta que ella misma le había formulado sobre el proceso de adjudicación de la cantina del centro social de Barinas. El regidor reconoce en su respuesta que no se sacó a concurso el bar: «No consta formalización, existiendo una autorización de uso precario, no recogida en documento administrativo».

Alquiler de 210 euros al año

Por este motivo, la Fiscalía también está indagando sobre la adjudicación de las cantinas de Barinas y Macisvenda. En el caso de la segunda, se adjudicó a un vecino en 1989, a cambio de un alquiler de 210,35 euros al año. Fuentes del Ayuntamiento reconocen a este diario que todavía no han facilitado la documentación que les ha solicitado el fiscal sobre estas cantinas. Aunque precisan que «todavía estamos en plazo».

No obstante, reconocen que la cantina de Barinas «no salió a concurso, se está gestionando por un particular» y que, en el caso de la de Macisvenda, «no se ha localizado el expediente de licitación». El asunto puede traer cola porque las mismas fuentes reconocen abiertamente que estos dos casos no son una excepción porque «no salieron a concurso los centros sociales de las pedanías y no hay expedientes de licitación». Es más, precisan que existen otras dependencias que en la actualidad funcionan sin concurso previo «como el edificio de La Encomienda».