La Plataforma abre otro frente judicial por daños ambientales

Joaquín Contreras y el abogado Fernando Losana./Edu Botella / AGM
Joaquín Contreras y el abogado Fernando Losana. / Edu Botella / AGM

Denuncia a cinco cargos del PP, entre ellos a López Miras y Ballesta, a los que acusa de no hacer nada para frenar unas obras que tacha de ilegales

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

La Plataforma Pro Soterramiento, asesorada por siete letrados murcianos, presentó ayer en la Fiscalía de la Región una denuncia por presunta prevaricación ambiental contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y los consejeros de Fomento, Pedro Rivera, y de Medio Ambiente, Javier Celdrán, y contra el alcalde de Murcia, José Ballesta, y sus ediles de Fomento, Roque Ortiz, y Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Navarro. El movimiento vecinal entiende que desde las administraciones regional y local no se ha velado por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental en las obras de integración del AVE en la ciudad, especialmente por la instalación de una vía provisional con catenaria, algo que, según el portavoz, Joaquín Contreras, contraviene la Declaración de Impacto Ambiental de 2009.

Acompañado por el letrado Fernando Losana, miembro de la Comisión de Garantías Autonómica de Podemos, Contreras dijo que llevan 54 días llamando la atención con protestas y que nada está sirviendo para que les hagan caso, ni la manifestación con 50.000 personas, ni la de Madrid. «No nos queda más remedio que presentar una denuncia por presunta prevaricación por omisión, tienen la posibilidad de actuar y no lo están haciendo». Citó que el Pleno municipal recibió el mandato de un contencioso-administrativo contra Fomento y no se ha presentado. «La obra es ilegal, no tiene Declaración de Impacto Ambiental bien contextualizada y se utiliza una anterior de una obra que difiere en más del 80% de lo que se va a hacer, y además está caducada». Alegan problemas de ruidos por las obras «con nocturnidad» y dicen que pese a la ampliación del soterramiento aprobada por el Gobierno no van a cejar en su empeño. Si hay caso, corresponde a la Fiscalía abrir diligencias. La Audiencia Nacional rechazó en septiembre de 2016 la legitimidad del fiscal para impulsar un contencioso.

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