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Jueves, 21 de septiembre 2017, 02:02
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El concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, entiende que «es completamente razonable que estos trabajadores defiendan su puesto de trabajo, pero no es de recibo que intenten poner en entredicho el trabajo y la profesionalidad tanto de los 90 personas que trabajan en Tribugest como de los funcionarios de la Agencia Municipal Tributaria».
Martínez-Oliva afirma que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad en el asunto, y lo circunscribe al ámbito laboral. Niega que haya 12.000 notificaciones de la Agencia que se pueden anular por ilegales. «Eso es una afirmación totalmente gratuita, ya que no hay absolutamente ninguna constancia de ello», recalca el edil, que recuerda que Unipost tiene la calificación oficial de empresa prestadora de servicios postales y está inscrita como operadora postal en el Registro al efecto.
Además, dice que se realizó una auditoría de seguridad -a la que ha tenido acceso ya la oposición- en las notificaciones a raíz de la denuncia, en la que no consta que haya incidencias.
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