La investigación por los destrozos en La Contraparada se cierra sin hallar culpables

Estado que presenta La Contraparada, con decenas de sillares desencajados./Edu Botella / AGM
Estado que presenta La Contraparada, con decenas de sillares desencajados. / Edu Botella / AGM

La Fiscalía no ve delito en que los sillares de la presa fueran arrancados por las inclemencias del tiempo, pero no restaurarlos sí que podría ser punible

Antonio Botías
ANTONIO BOTÍASMurcia

Entre todos la mataron y ella sola... se derrumbó. O, cuando menos, no existe responsable de los terribles daños que sufre La Contraparada, donde se reparte el agua del Segura en las dos acequias mayores y cuyos sillares llevan meses desencajados mientras la corriente sigue horadando esta presa construida entre los siglos IX y X.

La Fiscalía, tras una denuncia presentada el pasado mes de marzo por la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur), que preside Sergio Pacheco, ha concluido que se procede al archivo de las diligencias de investigación que había abierto «por entender que los hechos denunciados no serían constitutivos de delito». Al parecer, según fuentes judiciales, los daños provocados al histórico enclave son fruto de las inclemencias del tiempo, por lo que nadie es responsable de los destrozos.

Huermur, en su denuncia, señalaba a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad, al Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Junta de Hacendados de la Huerta. Ninguna de estas instituciones es culpable del deterioro del monumento. Pero, en cambio, de no proceder a su restauración inmediata, sí que podrían tener problemas con la Justicia. Porque las mismas fuentes advierten de que, otra cosa muy distinta es que, «conscientes las instituciones del daño, ninguna se decida a repararlo, tal y como les obliga la ley».

Huermur pide a Cultura que imponga «multas coercitivas» a los propietarios del azud

La reacción de la asociación Huermur ha sido inmediata. Acaban de exigirle al consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente que comience «a aplicar multas coercitivas a los propietarios del azud de La Contraparada, en aplicación del artículo 68 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, por el mal estado de conservación que presenta este monumento huertano» que, por si fuera poco, además está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). De la misma forma, Huermur insta a la Consejería de Cultura a que, «si en un plazo máximo de dos meses no se lleva a cabo la reparación y la restauración del azud por parte de los propietarios», lleve a cabo la ejecución subsidiaria de las reparaciones y restauraciones con el fin de evitar la destrucción total de este monumento protegido de la huerta de Murcia, «pasando después si procede la factura de los gastos a sus propietarios. Todo ello en aplicación del artículo 9 y 80 de la Ley 4/2007 referentes a ejecuciones subsidiarias y medidas cautelares sobre los bienes protegidos».

El principal escollo que ha impedido la restauración de La Contraparada reside en la controversia que mantiene la Confederación, dueña del enclave, con los regantes, quienes lo usan. Pero ninguna de las dos instituciones desea asumir el coste de la rehabilitación. «El próximo paso, si no llegan a un acuerdo, volverá a ser en los tribunales. Pero la degradación del lugar ya no será culpa del agua del Segura», concluyen desde Huermur.

La Consejería ya exigió a la CHS que actuara hace meses

La Dirección General de Bienes Culturales emitió el pasado 11 de abril un requerimiento a la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para que en aplicación de la Ley 4/2007 procediese a la realización de obras de reparación en el BIC de La Contraparada, donde Huermur denunció en enero el desplazamiento de sillares. Las diligencias previas de investigación incoadas por la Fiscalía sobre este asunto no interfirieron en el procedimiento administrativo. El requerimiento formulado a la CHS no establece un plazo concreto de ejecución, por lo que, si en un tiempo no se intervenía, se le debía requerir nuevamente a que actuara en el plazo de un mes. Medio año después, todo sigue igual.

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