La hostelería baraja un paro por los mapas de ocio y la negativa a conceder nuevas licencias

Vigilancia policial en la calle Pérez Casas durante el 'tardeo' de Nochevieja./Vicente Vicéns / AGM
Vigilancia policial en la calle Pérez Casas durante el 'tardeo' de Nochevieja. / Vicente Vicéns / AGM

El sector rechaza las limitaciones contra los ruidos en el centro y denuncia el colapso en el Ayuntamiento y la desactualización de las normas locales

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

Los hosteleros están de uñas con el Ayuntamiento tras la declaración de tres zonas de especial protección acústica en el centro histórico, y para escenificarlo ayer compareció ante la prensa el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, con una veintena de empresarios para informar de las 30 alegaciones presentadas y denunciar que peligra la supervivencia del sector por las últimas decisiones «unilaterales» del equipo del alcalde Ballesta.

La hostelería de Murcia baraja realizar un paro y ha lanzado la campaña 'El persianazo' advirtiendo de las calamidades que les esperan por la política para reducir la contaminación acústica, como restringir la concesión de licencias a nuevos locales de ocio, reducir horarios de cierre o condicionar las autorizaciones para nuevas terrazas a que no se incremente el número de mesas, sillas y veladores en la calle correspondiente.

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) denuncia el «colapso administrativo» en el servicio de concesión de licencias, y critica la «desactualización» de las ordenanzas municipales. «Ha llegado el momento de decir basta», entiende Jiménez, en desacuerdo con la implantación de las nuevas medidas en los tres entornos declarados como zonas Zepae: Pérez Casas y Alfonso X hasta la plaza de la Universidad; Santa Eulalia, plaza de San Juan, Cristo del Rescate y otras calles hacia La Merced, y los aledaños de Santa Catalina, Las Flores y San Pedro. Coincide con las zonas de mayor concentración de locales -unos 210 establecimientos-, donde el Ayuntamiento ha optado por medidas como la reordenación de terrazas reduciendo sillas y mesas, la reducción del horario de terrazas a partir de medianoche, la retirada de veladores (mesas altas) a las 23 horas, no incrementar el número de mesas y no conceder más licencias para nuevos locales («un restaurante con televisión», dijo como ejemplo). La ordenanza de 2014 ya establecía la creación de mapas de ruido en zonas de ocio, y como órgano asesor el Ayuntamiento creó en 2016 el Consejo Sectorial del Ruido, «que es un mero acto justificativo para dar validez a decisiones ya tomadas de antemano». Jiménez habló incluso de «menosprecio» a las propuestas formuladas por sus integrantes.

Jiménez se queja de que, con la limitación a las terrazas, Ballesta se está cargando el 'tardeo'

El sector se opone a la declaraciones de zonas genéricas de protección porque limitan sus derechos y no acepta ninguna medida impuesta por el Ayuntamiento para reducir las mesas de las terrazas porque la considera «arbitraria» y advierte de que conllevará una reducción de las plantillas. «Algunas limitaciones son incongruentes y carecen de sentido», por lo que proponen un estudio 'in situ' de cada calle. En este momento se trabaja en la sustitución de los toldos pos sombrillas y otra regulación específica y piden que se espere a esta reorganización para evaluar la eficacia de las acciones.

Ayudas para insonorización

La patronal propone realizar una ordenanza donde se reflejen las medidas y condiciones acústicas, un estudio acústico del parque inmobiliario incluido en estas zonas, empezando con una experiencia piloto en alguna calle; establecer semáforos que indiquen al usuario el nivel de decibelios para que sea consciente de que se incumple la ordenanza; disponer de un régimen de subvenciones para la adecuación de las viviendas en edificios incluidos en estas zonas y destinar para este fin la recaudación de la tasa de ocupación de la vía pública a las terrazas y actividades, así como diversas actividades de concienciación e información, según relató ayer Jiménez.

Hostemur exige una revisión de la ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente para adecuarla a la realidad actual y corregir carencias, y una nueva ordenanza de Vía Pública para acabar con la «inseguridad jurídica de las terrazas autorizadas estableciendo unas condiciones que no puedan ser modificadas por un mínimo de 8 años. De igual modo consideran imprescindible que se establezcan los precios públicos de ocupación de la vía pública en las ordenanzas fiscales teniendo en cuenta las limitaciones.

Reacciones

Fernando López Santos. Director de Sincosur y autor de los mapas: «Las mediciones en periodos de fiestas fueron eliminadas»
El gerente de Sincosur, adjudicataria de la elaboración de los mapas de ruido de ocio, indicó ayer que esta polémica surge en cada ciudad donde se plantean limitaciones. Recuerda que la normativa estatal sí contiene la elaboración de mapas de ruido, pero no específicamente de ocio, e indica que ciudades como Logroño han planteado acciones mucho más restrictivas que Murcia. López Santos defiende la legalidad de las mediciones, recuerda que se excluyeron las realizadas en periodos festivos como exige el pliego de condiciones y dice que su empresa, con amplia experiencia, tiene todas las autorizaciones.
Pedro Pérez Piernas. Presidente de No Más Ruido: «Exigimos planes de control de toda actividad ruidosa»
La asociación No Más Ruido ha presentado también alegaciones exigiendo más contundencia en los planes zonales, «ya que se toman más medidas sobre bares, cafeterías y restaurantes que sobre pubs y discotecas». La entidad reclama Planes de Control de las actividades ruidosas para garantizar que se cumplen las limitaciones en el centro histórico y exige una reducción de horarios de cierre de los establecimientos «por los graves perjuicios a la ciudad (suciedad, destrozos y mala imagen) y a los vecinos (ruido, falta de movilidad, inseguridad, problemas de accesibilidad de vehículos contra incendios o de ambulancias)».

Los hosteleros aportaron ayer un informe pericial firmado por Salvador Domingo Bets, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, que plantea objeciones al trabajo realizado por la empresa Sincosur Ingeniería Sostenible. Dice que en el 35% de los puntos de medición se registraron incidencias graves y que en la monitorización en continuo de las fuentes de ruido se produjeron incidencias, incluyéndose, por ejemplo, ruidos de tráfico.

Este técnico rebate los métodos y procedimientos de medición empleados, cuestiona la fiabilidad de los datos recogidos y considera que no se han evaluado correctamente los ruidos residuales asociados a otras fuentes ajenas a la de ocio ni se han estimado correctamente las potencias acústicas. «Nada prueba», indica Bets en sus conclusiones, «que se produzca un incumplimiento de los objetivos de calidad acústica». La metodología de trabajo, incide, es «propia y particular», y entiende que los errores incorporados impiden que se llegue a resultados fiables, por lo que la propuesta de delimitación de zonas de protección acústica, a juicio de Hostemur, carece de base. Además, critican que el 60% de las medidas tomadas fuera en periodos festivos con altas concentraciones en Navidad, Semana Santa y Fiestas de Primavera. Por este motivo la patronal exige la nulidad «total y absoluta» al entender que las mediciones son «flagrantemente ilegales» y exige que las delimitaciones no se pongan en marcha en tanto en cuanto no se haga un estudio fiable. Asimismo piden los ficheros primarios originales de las estaciones fijas de medición empleadas, y una aclaración sobre por qué el estudio está firmado el 6 de marzo de 2017 si se realizaron mediciones hasta julio de ese año. Y también reclaman un informe de cumplimiento del pliego por cláusulas del contrato.

En los últimos diez años, apuntó Jiménez, no se ha concedido ninguna licencia a discotecas y salas de fiesta y apenas queda ya ninguna en el centro, y el saldo entre los bares con música que han abierto y los que han cerrado en los últimos cinco años es negativo. Tampoco se han concedido nuevas licencias para instalar terrazas en el último año y medio con la excepción de la otorgada a Starbucks en la plaza de Belluga, lo que calificó de «vergonzoso», a pesar de que hay medio centenar de solicitudes paralizadas, muchas de ellas para instalar un par de mesas sin ningún tipo de toldo o velador.

Jiménez añadió al desastre que dibuja la prohibición de que los bares tengan abiertas ventanas y puertas durante el día, lo que «acabará con el ya tradicional 'tardeo', una fórmula creada aquí y que se ha exportado ya a otras comunidades vecinas». «Si queremos ser una ciudad orientada al turismo gastronómico, como ya lo somos, hay que apostar por ello», señala sobre la gestión del Gobierno de Ballesta, al que critica por apoyar iniciativas como el nuevo mercado gastronómico de Correos, mientras pone en marcha otras medidas para «matar» a la hostelería tradicional y provocar el cierre de los locales de toda la vida. De hecho, el sector no confía en este Ayuntamiento y duda al acometer las nuevas inversiones.

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