480 empleados municipales se librarán de la prueba práctica para consolidar su plaza

Antiguos trabajadores de colaboración social tendrán privilegios a la hora de consolidar su puesto con apoyo de partidos y sindicatos

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

Los antiguos trabajadores de colaboración social partirán con ventaja en las próximas oposiciones para ampliar la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. El proceso, presumiblemente, se demorará entre 6 y 8 meses, y los exámenes se podrían realizar a partir del segundo semestre de 2018, según fuentes municipales. El Gobierno local y el sindicato SIME confirmaron ayer que las bases aprobadas en la Mesa General de Negociación, con el apoyo de los cinco partidos de la Corporación y los sindicatos SIME, UGT, CC OO, Csif y Splrm-Atabam, contemplan la posibilidad de que los cerca de 480 trabajadores contratados tras una sentencia como personal laboral no fijo puedan ser eximidos de la parte práctica. Será en el futuro proceso de oposiciones si superan el examen teórico y si acreditan haber estado trabajando los tres últimos años sin interrupciones para el Consistorio.

El titular de Personal, el edil José Guillén, aseguró que las bases son «iguales para todos», pero cita que la sentencia del Tribunal Supremo les reconoce la laboralidad, «y para que no se queden aquí, sin más, y para respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad ahora se les somete a examen». Según Guillén, solo los que aprueben se van a quedar.

Pedro López, uno de los miembros del SIME en la Mesa de Negociación, explica que todos estos trabajadores que quieran consolidar su puesto en la Administración tendrán que someterse a un examen de oposición. La mayoría son conserjes y ordenanzas, que fueron contratados por el Consistorio durante los años de la crisis. Era práctica común en muchos municipios, pero el pronunciamiento del Alto Tribunal dejó claro que la contratación de parados como colaboradores para desempeñar tareas habituales de las administraciones era una fórmula viciada ya que con ellos, con estos contratados temporalmente, se cubrían puestos de larga duración. Algunos de esos contratos no eran precisamente temporales, ya que había personas que podían acreditar haber trabajado incluso más de una década.

La asociación IMC critica que entren por la puerta de atrás a la Administración al margen de la legalidad

El edil Guillén menciona de forma recurrente que la oferta pública de empleo de 2015, con 974 puestos que tienen que cubrirse en 2018, es la más importante de la historia del municipio. De esos, casi la mitad corresponden a los que ocupan los trabajadores de colaboración social actualmente, que en virtud de las nuevas bases tienen muchas posibilidades de quedarse dentro de la estructura laboral del Consistorio con solo pasar la prueba teórica y conmutando la prueba practica.

Esta situación ha suscitado la queja del colectivo Interlab, que se ha dirigido por carta al alcalde, y de la asociación IMC, que ha surgido con la intención de cambiar las bases de la oferta para que se ajusten al artículo 103 de la Constitución Española de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. IMC considera que se intenta subsanar la presunta ilegalidad que el Ayuntamiento cometió en la última década contratando personal de colaboración social y personal laboral para cubrir plazas. Estos puestos, entiende esta asociación, deben salir a concurso-oposición o a oposición «con suficiente publicidad y transparencia». La entidad argumenta que con este proceso se trata de regularizar eximiéndoles de la parte práctica, «atribuyendo méritos a ciudadanos que no pasaron un proceso selectivo y que tras entrar en la administración de forma presuntamente fraudulenta ahora podría aprovechar esa circunstancia para presentarse a un proceso de consolidación sin cumplir los principios básicos de cualquier proceso selectivo acorde a la legalidad». Además, critica que los sindicatos y los partidos no hayan puesto pegas a dicha situación.

Lío por las cotizaciones

El Ayuntamiento optó por regularizarlos -507 en total, pero una treintena ya se han jubilado- en 2014, dándolos de alta como trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, incurriendo en un galimatías ya que por un lío burocrático el Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe) reclama 2 millones a los trabajadores. Durante diez meses percibieron prestaciones por desempleo mientras el Consistorio pagaba por ellos cotizaciones y salarios.

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