Derechos Sociales reserva 550.000 euros para evitar nuevos desahucios de familias

El año pasado dio 650 ayudas, pero la oposición exige un verdadero plan de trabajo comunitario y más agilidad en la fase de tramitación

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia concedieron el año pasado 650 ayudas en concepto de alquiler, 550.808 euros, para evitar los desahucios de familias en el municipio. En la mayoría de casos, la Concejalía de Derechos Sociales se hizo cargo de los pagos regulares de alquileres de la vivienda habitual, evitando de esta forma el inicio de expedientes de desahucio por impago. Algunas de estas familias que se beneficiaron pudieron posteriormente acogerse a las ayudas que convoca cada año la Concejalía de Vivienda para la minoración del alquiler de su vivienda habitual.

El Ayuntamiento dispone de un parque de 1.007 viviendas sociales, todas ellas ocupadas, y con una lista de espera que la oposición sitúa en más del millar de demandantes. Suele haber altas y bajas cada año, pero lo que no varía es el número de pisos disponibles. La Concejalía explica que cada año quedan unidades libres, y que se intenta tener alguna más, pero lo cierto es que la oposición se queja de no existe una política municipal de construcción de vivienda pública. El último caso que se conoce son los edificios de realojo para expropiados en Ronda Sur, donde sí que hay unidades sin ocupación. Una parte se destinarán a un programa de vivienda joven. No obstante, el Ayuntamiento no construye vivienda social desde la época de María José Velasco al frente de las competencias de Vivienda, cuando se llevó a cabo la ejecución de casas para familias de Los Casones de La Ñora. Fue en 2007 cuando los vecinos cambiaron el infierno de la uralita por un techo de verdad tras 25 años malviviendo en chabolas.

Mucho -o poco, según se mire- ha llovido desde entonces, pero miles de familias murcianas se han tenido que enfrentar durante los peores años de la crisis a situaciones de desahucio al empeorar su situación económica por la pérdida del empleo, por el recorte de salarios o por la imposibilidad de hacer frente a las cuotas de la hipoteca. La casuística es muy diversa, pero la edil responsable de Derechos Sociales, Conchita Ruiz Caballero, expone que cuando los servicios sociales municipales tienen conocimiento de que va a realizarse un posible desahucio que afecta a menores o a personas dependientes con una antelación mínima, bien a instancias de la familia, bien por comunicación previa del juzgado, se orienta a la familia para la solicitud de una ayuda económica de emergencia social en concepto de alquiler. Esto sirve para paralizar el desahucio (por renuncia del titular de la vivienda) o para procurar otra alternativa de acceso a una casa a la familia en el caso en que no sea posible la paralización.

No obstante, el Consistorio expone que en todos los casos, si no es posible el desahucio o si este se produce sin que la familia haya podido localizar otra vivienda de alquiler, el Ayuntamiento les proporciona un alojamiento temporal hasta que se produce la solución al problema. La concesión de ayudas no es de un día para otro, recuerda Ruiz Caballero, si bien la oposición demanda más agilidad para evitar que las familias necesitadas se vean en la calle. «Esto requiere un periodo de tiempo para su tramitación, aprobación e ingreso, que pueden retrasar el momento de su abono al interesado para hacer frente a la situación», señala la edil.

«Cuentan con la posibilidad -añade Ruiz Caballero- de que sean anticipadas por entidades u organizaciones que colaboran con los servicios sociales municipales a los que una vez aprobada la ayuda, se les endosa el importe correspondiente al anticipo económico realizado con esa finalidad, de modo que el trámite administrativo no suponga en ningún caso la causa que impida saldar la deuda y que se produzca el desahucio».

Más trabajadores sociales

El edil de Ahora Murcia Miguel Ángel Alzamora considera que el Ayuntamiento debería tener «una alternativa habitacional» para gente que lleva años en lista de espera, «que se renueva porque hay gente que se cansa de tanto esperar y porque la documentación y el papeleo es ingente. Ahora se acaba de llegar a un acuerdo en Vistabella para desahuciar a otra familia que no paga el alquiler con tres hijos, y llevan 7 años en lista de espera». Según Alzamora, el trabajo comunitario en barrios y pedanías se ha perdido por la elevada ratio que tienen que atender los profesionales de las Unidades de Trabajo Social (UTS) -7.397 habitantes por trabajador social, si bien un 40% superan la media, aunque un 17% tienen una presión de 10.000 habitantes por profesional-. Alzamora defendió recientemente una moción en el Pleno para realizar un diagnóstico de la Atención Primaria en el municipio, y un Plan Municipal Comunitario de Servicios Sociales que coordine a las concejalías. «Se está dando el caso de que se están recibiendo ayudas de emergencia a los seis meses de la solicitud, ya que está casi congelada la contratación de profesionales», critica el edil de Ahora Murcia. «Esto provoca que no se llegue a tiempo a la hora de atender necesidades por facturas atrasadas del recibo de la luz o del agua, y que haya dificultades para la compra de alimentos y desahucios y más pobreza energética agravados por la burocracia».

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