El Consejo Jurídico sugiere que la plantilla del Gaya pase a depender de la Fundación

Concentración de apoyo a los trabajadores del Museo Ramón Gaya, en junio, cuando se cumplían cinco meses sin cobrar./Nacho García / AGM
Concentración de apoyo a los trabajadores del Museo Ramón Gaya, en junio, cuando se cumplían cinco meses sin cobrar. / Nacho García / AGM

Un dictamen solicitado por la Corporación local señala que es indudable la relación laboral entre el Patronato y los empleados y critica la actuación «poco diligente» de los servicios

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

El Consejo Jurídico de la Región emitió ayer un dictamen a raíz de la consulta realizada por el Ayuntamiento sobre cómo proceder con la situación creada con los trabajadores del Museo Ramón Gaya, que llevan 11 meses sin cobrar por discrepancias jurídicas en el seno de la Corporación municipal con interpretaciones distintas entre departamentos. El Consejo concluye que lo más conveniente es que el Patronato de la Fundación asuma a todo el personal adscrito a este museo, para que se pueda seguir prestando este servicio en las mismas condiciones.

La Fundación carece de personal propio, pero como nueva empleadora sí puede subrogarse la plantilla. El Consejo entiende que, en la actualidad, la Fundación ostenta esa condición de empleadora una vez que se ha extinguido el contrato de servicios, por lo que, en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, «ha de reconocerse a dicho personal la condición de indefinido no fijo, por ser ésta la figura laboral que permite una mejor conciliación entre las aparentemente contradictorias prescripciones del orden social con las presupuestarias y sobre el acceso al empleo público».

Plantea que se modifique la Relación de Puestos de Trabajo y que se incluyan en una Oferta de Empleo

Abonar ya los retrasos

Los miembros del Consejo Jurídico reunidos ayer (los consejeros Gómez Fayrén, presidente; García Canales, Martínez Ripoll, Gálvez Muñoz y Cobacho Gómez, y el letrado-secretario general Contreras Ruiz) estiman que estos trabajadores solo podrían adquirir la condición de empleado público con la superación de pruebas selectivas que, en su caso, debe convocar la administración.

Esta institución consultiva señala que, a la vista de la documentación del caso analizada, procede que el Ayuntamiento y la Fundación realicen las actuaciones necesarias para que ésta pueda cumplir las obligaciones patronales con sus trabajadores. En particular, sugiere que se les abonen las retribuciones correspondientes y se regularicen las cotizaciones sociales pendientes «desde el inicio de la prestación laboral que, con independencia de lo que resulte de los procesos judiciales iniciados por los trabajadores, cabría fijar en el 1 de febrero de 2017».

Según el dictamen, hay que tener en cuenta que la Fundación -de la que forma parte el Ayuntamiento- aceptó que, una vez extinto el contrato de servicio, estos trabajadores pasaran a prestar este servicio directamente, y desde ese momento, según el Consejo, opera la presunción de laboralidad del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, en cuya virtud el contrato de trabajo se presume existente.

Sentencias por cesión ilegal

Lo que se propone a partir de ahora es crear las plazas en la plantilla, modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, y proceder a su provisión o cobertura reglamentaria a través de la Oferta de Empleo Público, conforme con las disponibilidades y limitaciones presupuestarias. Además, recuerda el Consejo que no debe olvidarse que los afectados han formulado demanda ante la jurisdicción social en defensa de sus derechos laborales, y que cabe presumir, por las consideraciones en el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que tales procesos finalizarán en los próximos meses con el reconocimiento de la existencia de una cesión ilegal de trabajadores y el ofrecimiento a los interesados de la correspondiente opción de incorporarse como fijos a la empresa cedente o como indefinidos no fijos a la Fundación, siendo una solución transitoria a la espera de esas sentencias.

El dictamen apunta a que la situación producida «no puede calificarse sino de absolutamente irregular», y cita que el problema tiene su origen en la «actitud poco diligente» de los responsables municipales, de la que se han derivado las consecuencias analizadas. Además, cree que no se han respetado los principios de buen gobierno ni se han prevenido las irregularidades.

A modo de «reflexión final», se indica que la omisión o incumplimiento de la legislación hace derivar responsabilidades para sus autores.

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