Convocan una concentración en Murcia para exigir la protección de los hijos de Juana Rivas

Según Francisca Granados, una de los asesores jurídicos de Rivas, ante el hecho de que el próximo miércoles el Tribunal Constitucional (TC) se reunirá para responder a una medida cautelar urgente que pide la paralización de la entrega de los niños, «se están convocando concentraciones en distintas ciudades de España para reivindicar al sistema judicial español una respuesta adecuada al interés superior de estos menores».

En este sentido, se convocaron concentraciones en ciudades como Granada (Plaza de la Caleta) o Madrid (ante el Ministerio de Justicia).

De otro lado, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Maracena (Granada) publicó este sábado una declaración institucional en la que muestra su respaldo a Rivas y en la cual insta a las instituciones a tomar medidas urgentes «frente a lo que a todas luces constituye una resolución judicial injusta que implica un riesgo tanto para Juana como para sus hijos».

En ella, el Consistorio maracenero resalta como «inconcebible» el hecho de que la denuncia interpuesta por Juana en julio de 2016, «aún no se haya tramitado judicialmente», algo que achacaron a la «falta de medios», añadiendo que «el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al declararse incompetente para conocer del asunto, debió haber remitido de forma inmediata la denuncia al juzgado competente, en ese caso, a un juzgado de Italia, pero más de un año después, la denuncia sigue en España».

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Maracena instan a todas las instituciones públicas a que apliquen, «de forma inmediata», el pacto de Estado alcanzado en materia de Violencia de Género, así como el envío de la denuncia interpuesta por Juana Rivas contra su expareja al juzgado competente italiano.

Igualmente, requirieron al Gobierno y a la Junta de Andalucía que doten a los juzgados «de medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la agilización en la tramitación de asuntos entre los juzgados de España y otros países extranjeros o de los estados miembros».

Finalmente, desde la Corporación Municipal solicitaron al poder legislativo que realice las modificaciones «oportunas» para que cuando se dé el supuesto de que un padre sea condenado por violencia de género o esté siendo investigado por este asunto, «siempre se tome declaración a los menores en cualquier procedimiento que pudiera afectarles y, de igual modo, se garantice que el órgano adscrito al juzgado que vaya a evaluarlos sea de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) al ser la unidad especializada en este ámbito».