El Comité de Peticiones solicita actualizar la declaración de impacto ambiental de las obras del AVE

Wikström señaló después de escuchar a los peticionarios y a los parlamentarios de todos los grupos que "necesitamos que la Comisión Europea actualice la información sobre este contexto" y espera conocer en unos meses el resultado de las negociaciones con las autoridades españolas. También enviará las peticiones a título informativo a la Comisión de Transportes. La presidenta del Comité se ha mostrado satisfecha por el nivel de acuerdo, ya que no hubo discrepancias, y señaló que es "un placer" que por una vez todos los representantes españoles estén de acuerdo en algo.

"Necesitamos que se cumpla el convenio Aarhus (sobre el derecho a la información medioambiental de los ciudadanos) y un compromiso claro de que este proyecto va a ser un proyecto soterrado. La única opción es el soterramiento y necesitamos que así sea", resumió Wikström.

Loreto López señaló que los acuerdos para el soterramiento se remontan a los años 90, que hay una voluntad popular para que el AVE no llegue en superficie a Murcia, y que el fraccionamiento de las obras es motivo de incumplimiento de la legislación. Rechazó "esta agresión tan grande" que supone condenar a los vecinos a depender de pasos en las vías que en los tiempos duros de la heroína eran "una trampa", y citó que los vecinos tienen que utilizarlos miles de veces cada día. "Somos miles los que queremos otro tren", dijo tras criticar las promesas incumplidas. "Muevan los hilos para que esta petición no se cierre, que exista una división de poderes", indicó. "Solo con su supervisión estaremos seguros de que las promesas de un tren soterrado se harán realidad algún día".

Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, dijo que las canas que peina fueron cabellos negros hace 30 años. Recordó la lucha de compañeros como el padre Tornel, fallecido sin ver el soterramiento convertido en realidad, y dijo que han sido muchas las modificaciones de un proyecto que han dado lugar a que hoy, que se cumplen 73 días de protestas diarias, los vecinos ya no puedan creer en las autoridades. "Por eso estamos aquí. Solo cuando Europa ha echado un ojo el Estado español ha comenzado a actuar". Contreras sostiene que el proyecto actual nada tiene que ver con el presentado en 2006, ni con la declaración de impacto ambiental de 2009, y mantiene su tesis sobre los incumplimientos, el fraccionamiento de las obras y la falta de división de poderes tras declararse al fiscal de Medio Ambiente no competente para investigar el caso. "Incoen todos los procedimientos para detener esta locura. Con la llegada del tren se construirá un muro y la ciudad quedará dividida en dos", incidió, cansado "de que nos mientan tanto".

El representante de la Comisión Europea en el Comité de Peticiones explicó que en 2014 se señalaba que el proyecto se iba a modificar y recordó que se pusieron entonces en contacto con las autoridades para recordarles que cuando se cambia un proyecto la DIA hay que actualizarla. "En 2015 las autoridades españolas nos confirman que seguiría en vigor, y que no se iba a modificar el proyecto. Vamos a evaluar lo que nos plantean ahora los peticionarios y nos pondremos en contacto con las autoridades españolas".

Por parte de todos los grupos intervinieron eurodiputados que se mostraron a favor de mantener abierta la petición, de pedir más información a España sobre el fraccionamiento de las obras en fases y estudiar si procede una sanción en caso de que se compruebe que hay incumplimientos de la legislación urbanística y ambiental. También se pronunciaron sobre la necesidad de comprobar in situ si han comenzado las obras.